Los propietarios de las viviendas del Rexistro de Soares se plantean llevar el caso al juzgado para rehabilitarlas
SANTIAGO
La confirmación de la denegación de la licencia de obras por Raxoi no paraliza la suspensión cautelar de la venta forzosa
17 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La confirmación definitiva por parte del Concello de Santiago de la denegación de las licencias de obras para afrontar la rehabilitación de tres viviendas (número 5 de Praciña das Penas, 14 de Loureiros y 23 de San Roque) no cambia prácticamente nada en el proceso abierto entre el Ayuntamiento y los propietarios de dichos inmuebles, que fueron incluidos en el Rexistro de Soares.
La suspensión de la venta forzosa sigue en pie, al tratarse de una medida cautelar, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago. Esta medida se adoptó mientras no se resuelve el recurso presentado por la comunidad de propietarios contra la venta forzosa. Pero, si bien no cambia nada en la práctica, la realidad es que mantiene frenadas las pretensiones del Concello de continuar con la subasta de esas tres viviendas.
La denegación definitiva de las licencias enmaraña este conflicto y aleja el objetivo del propio Rexistro de Soares, que no es otro que lograr la rehabilitación de inmuebles. Lo enreda más, porque la comunidad de propietarios está estudiando la resolución municipal y se plantea recurrir judicialmente la negativa del Concello a permitirles rehabilitar sus propiedades. De hecho, según explicó la abogada Rebeca Domínguez, que representa a la comunidad de propietarios, tras la resolución anterior en la que se les negó la licencia, podrían haber recurrido ya al juzgado, pero se interpuso un recurso administrativo ante el Concello —ahora rechazado— con la intención de darle la oportunidad de «recapacitar» su postura.
Sin sorpresa
Desde la representación de la comunidad de propietarios aseguran que la resolución «no nos sorprende ya que viene siguiendo la línea de actuación del Concello en este asunto». Rebeca Domínguez considera que Raxoi quiere vender a terceras personas los inmuebles, porque «dice que sus actuales propietarios no los rehabilitan y, cuando estos intentan hacerlo, el Concello se lo impide para así justificar la venta forzosa, que obedece únicamente a un criterio político».
Desde la representación de la comunidad de propietarios se aclara que, frente a lo indicado por la concejala Míriam Louzao, los inmuebles «no se incluyeron en el Rexistro de Soares desde el 2011, fecha en la que, por cierto, pertenecían a otros propietarios», sino que se hizo en el 2024. Por otro lado, señala, «el Concello dictó resolución de venta forzosa estando ya presentados los proyectos y solicitudes de licencias para rehabilitar por parte de los actuales propietarios».
En este sentido, los propietarios consideran que están legitimados para restaurar las tres casas, «y prueba de ello es que existen informes técnicos de la propia Administración que avalan la suspensión del procedimiento de Rexistro de Soares en caso de que los propietarios lleven a cabo la rehabilitación».
Sin embargo, Domínguez indica que sin atender a sus propios criterios «y la propia legalidad del procedimiento, con estas resoluciones lo que busca es impedir rehabilitar a los actuales propietarios y abocarlos a una venta forzosa». Insisten en que, si la Administración velase por el interés general, «que en este caso es velar por tener una ciudad urbanísticamente correcta, permitiría la rehabilitación», pero, recalca, «parece que esos no son los intereses que persigue».