La devastación económica causada por la pandemia y sus brutales consecuencias sobre las personas más vulnerables requiere de las administraciones que extiendan una tabla de salvación todo lo amplia que se necesite. No por caridad, sino por derecho de los ciudadanos que se ven abocados a situaciones extremas, en muchos casos sin que, ni remotamente, hubiesen podido imaginar hace apenas tres meses que estarían llamando a la puerta de la asistencia social. Los ayuntamientos, como administración más próxima, están cargando con el peso -una vez más- de esta labor de atención a la emergencia social, con recursos limitados. En ocasiones tan absurdamente limitados como no tener margen de decisión para destinar a políticas sociales los remanentes presupuestarios que, por cierto, en el caso de Santiago darían para mucho. Decía el alcalde Bugallo el viernes que la disponibilidad de fondos en Raxoi para seguir atendiendo las líneas de apoyo a las familias -en especial el cheque alimenticio que mantiene a casi 3.500 personas, en menor medida la renta social municipal y el servicio de comedor escolar- alcanza para no más de diez semanas, hasta julio, por lo que el ingreso mínimo vital aprobado ese mismo día por el Gobierno central será un alivio económico. E introducirá coherencia a nivel estatal. Mientras tanto, el apoyo municipal no debe tener límites -y seguro que no los tendrá-, sean cinco, diez o veinte semanas lo que tarden esa renta vital y otras ayudas, como las de conciliación aprobadas por la Xunta. La labor social del Concello frente a las consecuencias del covid-19 es irreprochable, aunque es tanta la necesidad que siempre se quedará corta.