El pleno aprobará el próximo jueves la extensión del veto hasta la reforma del PXOM
07 ago 2020 . Actualizado a las 00:14 h.«Regular, non prohibir». Esta es la idea con la que el alcalde de Santiago presentó ayer su propuesta acerca del futuro de las viviendas de uso turístico en Santiago. Xosé Sánchez Bugallo pedirá al pleno municipal que apruebe una moratoria para que no se puedan poner en marcha más pisos de uso turístico hasta que se modifique el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y se regule el uso de los inmuebles. Esta propuesta recibirá luz verde en la sesión del próximo jueves, una vez que todos los grupos, aunque con matices, se han mostrado favorables a establecer normas para frenar el aumento de pisos destinados al turismo, porque esta figura merma el volumen de viviendas para el alquiler tradicional. Bugallo señaló que, sin querer atacar a los propietarios de viviendas de uso turístico, es necesario regular un sector que está siendo objeto de normas en todo el país y que supone un problema para la ciudad.
La moratoria, de carácter temporal, vendrá a sumarse a otra que ya está en vigor y que supone la prohibición de abrir nuevos establecimientos hoteleros en el casco histórico mientras no se termina con la revisión del Plan Especial. La de los pisos turísticos afecta a todo el municipio, y no solo al casco histórico.
El alcalde explicó que esa congelación de nuevas licencias es indispensable, ya que la modificación del PXOM puede demorarse un año. «Se agora hai 641, nun ano poden ser 2.400», estimó. De hecho, el alcalde dijo que hay numerosas peticiones en el Concello para abrir establecimientos de este tipo. La intención es evitar que, ante la regulación, se acelere la apertura de pisos turísticos sin control. Bugallo reconoció que el incremento de viviendas de uso turístico está alterando el modelo de ciudad deseada, y considera fundamental mantener como prioritario el uso residencial de los inmuebles.
Un asunto complejo
¿Cuáles serán las líneas que marcarán la regulación? El alcalde quiso dejar claro que se trata de un asunto complejo y que las líneas saldrán de un debate que tiene que producirse durante la modificación del plan xeral. Aún así, esbozó lo que le gustaría hacer para poner orden en el sector.
Su propuesta va en la línea de fijar un número máximo de pisos en Santiago y establecer también un tope de días destinados al uso turístico. Incluso considera que debería establecerse un máximo de pisos por zona, siguiendo la misma directriz que se fija para regular las aperturas de locales de ocio en las zonas saturadas. Bugallo apuntó que inicialmente se había planteado regular los pisos turísticos mediante una ordenanza municipal, pero esa opción se descartó porque hay ejemplos en otras ciudades de que ese sistema es tumbado por sentencias. En este sentido, el regidor cree que la normativa urbanística contemplada en el Plan Xeral es la fórmula que tiene más garantías de mantenerse, ya que este documento contiene los usos urbanísticos de la ciudad.
Los propietarios inciden ante Bugallo en que el problema está en las viviendas ilegales
Una representación de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) trasladó ayer a Bugallo su tesis de que el verdadero problema que tiene Santiago en ese ámbito se encuentra en el control de los propietarios que alquilan sus pisos de forma ilegal. Así se lo comunicó al alcalde la presidenta de la asociación, Dulcinea Aguín, que recalcó al término de ese encuentro que «nosotros no somos el problema». Los propietarios que alquilan sus viviendas con fines turísticos dentro del paraguas legal están en contra de la propuesta del gobierno compostelano de extender el veto a nuevos alojamientos de ese tipo más allá del casco histórico, lo que en la práctica ampliará la suspensión cautelar de nuevos establecimiento en prácticamente toda la ciudad mientras no se complete la reforma del planeamiento que ordenará cuántos pisos podrán funcionar en cada zona. Consideran que lo que esa extensión perjudicará a Santiago a las puertas del Xacobeo, y favorecerá a los municipios de su entorno.
Los representantes de Aviturga también comentaron al alcalde que quieren ser un actor a tener en cuenta en la toma de decisiones que afectan al sector. Los propietarios no ocultan su contrariedad por no haber sido consultados antes de que el gobierno municipal planteara su propuesta a los grupos. «Le dijimos que estas cosas hay que hablarlas con el sector antes de tomar las decisiones. Podemos aportar muchas cosas, pero queremos hacerlas dentro del marco de la legalidad», apunta Aguín, que reivindica que la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia «se involucró desde el principio» en la defensa de una ordenación del sector y del combate del fraude. «También insistimos mucho en que las competencias son de la Xunta, y no estamos de acuerdo en tener que pedir permisos en la Xunta y en el Concello» para destinar una vivienda a alquiler turístico. Aguín coincidió con Bugallo en subrayar el tono cordial del encuentro celebrado en Raxoi.
El Concello pedirá a Turismo que evite más registros de inmuebles
Aunque el Ayuntamiento apruebe la moratoria la próxima semana, el alcalde reconoce que será necesario contar con el apoyo de la Dirección Xeral de Turismo. En esta misma línea se pronunció el concejal de Compostela Aberta, Martiño Noriega, que le pidió al alcalde que solicite a la Xunta de Galicia el cierre cautelar también del registro de nuevas viviendas de uso turístico en Santiago. Noriega llamó la atención sobre el hecho de que, aunque el Concello de Santiago no conceda nuevas licencias, la Xunta sigue registrando inmuebles como viviendas de uso turístico. El alcalde confirmó que mantendrá un contacto con Turismo de Galicia para contar con este acuerdo, y recordó que la regulación de los establecimientos turísticos es competencia del Gobierno gallego.
Bugallo recordó que Santiago dispone de 6.000 plazas en hoteles y unas 13.000 reguladas en otros establecimientos. Pero le preocupa que el número se incremente hasta las 20.000 plazas con los establecimientos irregulares, que no cuentan con la preceptiva licencia municipal.