La defensa del caso Mahía renuncia al no poder pactar con el socio que denunció

Xurxo Melchor
xurxo melchor SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Cenamor

El juicio, que se prolongará durante casi un mes, ha tenido que ser aplazado

25 oct 2018 . Actualizado a las 22:06 h.

Muy a su pesar por lo que ha costado traer a dos magistrados de refuerzo desde A Coruña, liberar a una fiscala en Santiago y buscar fechas para una vista que se prolongará durante casi un mes, la sección compostelana de la Audiencia Provincial se ha visto obligada a aplazar el juicio del caso Mahía en el que el exadministrador único de la inmobiliaria, Ramón López Casal, se expone a doce años de prisión, una multa de 26.535 e indemnizaciones que van desde los más de ocho millones que reclama la Fiscalía a los más de 80 que solicita la acusación particular, que ejerce el socio de la empresa que interpuso la querella al considerar que los acusados desviaron el negocio de la compañía hacia otras firmas que fueron creando.

La razón de la obligada suspensión es la sorpresiva renuncia hace tan solo unos días que presentaron dos de los tres abogados defensores, entre ellos el del principal acusado, Ramón López, que es Carlos Bueren, que fue magistrado en la Audiencia Nacional. El motivo es la discrepancia de criterios con sus clientes, ya que no ha sido posible llegar a un acuerdo con el socio querellante debido a que estaban muy alejadas las cantidades económicas que le ofrecían para rebajar las penas de cárcel solicitadas.

Y esas condenas no son precisamente pequeñas, ya que a los doce años de cárcel que le solicita en total la Fiscalía a Ramón López Casal hay que añadir los nueve años y medio a los que se exponen los otros cinco acusados: Marcos y Pablo López Rodríguez, hijos del principal encausado, María Alicia Rodríguez Piñeiro, Pilar Encarnación Branco Illodo e Ignacio Rodríguez Peláez. Además, también les solicitan multas de 21.045 euros y las indemnizaciones pertinentes.

Los seis están acusados de dos delitos societarios y otros dos continuados de apropiación indebida y de administración desleal. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el letrado Ulises Bértolo, dejaron constancia de su sorpresa por la renuncia de las defensas a tan pocos días del inicio del juicio, pero tampoco se opusieron a ella para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y evitar posibles recursos de nulidad en futuros recursos.