Hombres y mujeres deben cobrar lo mismo si hacen el mismo trabajo. Policías y guardias civiles deben cobrar lo mismo que mosos o ertzainas. Es de Justicia. Lógico. Pero no pasa. Ni una cosa, ni la otra. Las diferencias, las desigualdades, son la norma. Incluso en la Administración de Justicia, que es también un foco de injusticias. Un trabajador de un juzgado gallego cobra 455 euros al mes menos que un vasco, 165 menos que un madrileño y 115 menos que un catalán. Aunque Rajoy nos avergüence diciendo que no es cosa del Gobierno evitar desigualdades salariales entre hombres y mujeres, lo cierto es que países serios y tan conservadores como Alemania o el Reino Unido ya están tomando cartas en el asunto. Porque evitar esa discriminación por género sí es cosa de los que nos gobiernan. Como también lo es que, como gritaban ayer en Santiago 2.000 funcionarios de Xustiza, que a igual trabajo haya igual salario. Y eso no pasa en España en este colectivo. Sin justicia no hay democracia, como bien dijo ayer Luís Villares (En Marea) y como ha quedado claro en Cataluña, donde en nombre de la democracia, se la ha asesinado por no respetar la ley. Igualito que hicimos los europeos en los tiempos bárbaros de las cruzadas. No se puede servir a Dios matando ni defender la democracia saltándose la ley. Pero tampoco se puede mirar para otro lado ante el vergonzoso abandono al que están sometidos los juzgados españoles. Faltan jueces, fiscales y secretarios. Y también funcionarios. Faltan juzgados y fiscalías especializadas. Y en Galicia, además, falta que los funcionarios que mueven los papeles en los que nos jugamos cosas importantes de nuestras vidas estén mejor pagados.