La futura implantación de una tasa turística en Santiago no va a espantar a nadie: ni a los turistas, que no van a dejar de venir por tener que pagar un promedio de un euro por pernoctación; ni a los vecinos, que verán con buenos ojos que las incomodidades y efectos perjudiciales que provoca la masificación en temporada alta deje réditos para sacar lustre a la ciudad y fomentar la desestacionalización; ni a las restantes administraciones y tampoco a la Xunta, que tarde o temprano tendrá que ser tolerante con la aplicación de medidas de este cariz, porque de mantenerse la pujanza turística se quedará sin argumentos para evitarla. Probablemente sea prematuro aplicar la tasa ahora, y quizá el gobierno municipal tampoco lo pretendía, antes bien abrir un debate para poner el foco sobre la conveniencia de suaves medidas correctoras del low cost que lo invade todo y que, a la postre, deja escasos beneficios en la ciudad. Pero mientras va llegando el momento de imponer este gravamen, tal vez en el horizonte del Xacobeo 2020 o no mucho después -Feijoo ya ha dicho que ahora no y no porque primero hay que seguir batiendo récords de turistas-, urge atar en corto a quienes se aprovechan del nuevo bum turístico para hacer su agosto en el campo que Internet abre al fraude fiscal, para que, al final, los que cumplen no sean los perjudicados. Igualmente, habrá que afinar sobre los operadores que hacen su negocio en ámbitos escasamente rentables para la ciudad, en especial el excursionismo, de forma que, aun sin pernoctar, también cotice. Es lógico que la tasa turística suscite hoy una viva polémica. En poco tiempo estará superada.