Afinales del 2000 mi compañero M. Cheda y yo sumábamos entre los dos 48 años de edad. Yo tenía más ideas frescas que experiencia, y él ya era tenaz y persuasivo con las cifras y los entrevistados como lo sigue siendo ahora. Santiago, y de eso se daba cuenta cualquiera, era una isla que tenía una vía de agua demográfica hacia su periferia, a la que le daba la espalda. Una semana de noviembre se nos dio por estrujar los números y agarrar por la pechera telefónica a unos cuantos alcaldes a los que es mejor no nombrar para que no se sientan aludidos. Todos hablaron para La Voz y reconocieron que podían hacer algo más por trabajar conjuntamente por una gran área metropolitana que rondaría los 150.000 habitantes. Días después de aquel reportaje de tres páginas cargadas de datos, declaraciones y buenas razones, los regidores, de diferentes partidos, se sentaron en una misma mesa para hablar de problemas comunes. Pero hasta ahí llegó el logro periodístico, porque las soluciones nunca aparecieron.
Hoy entiendo el origen del fracaso. La pista me la dieron todas esas conversaciones telefónicas que se hicieron públicas en años más recientes entre un buen puñado de políticos y directivos de empresas de servicios. Un episodio oscuro del que todavía desconocemos su recorrido judicial, pero que nos revela una gran certeza: era imposible que alcaldes y ediles de distintos colores se pusieran de acuerdo porque de esa forma no había manera de negociar comisiones personales, donaciones, cenas, viajes, bolsos de lujo y otras golfadas. Mancomunar la corrupción sería para la clase política alcanzar del ganchete la cúspide de la basura.