El Gobierno gallego aprueba su primera ley de financiación de formaciones políticas, que no prohíbe expresamente las aportaciones de personas jurídicas a los grupos porque las permite la norma estatal, pero sí las combate
19 feb 2015 . Actualizado a las 15:27 h.El Consello de la Xunta ha aprobado hoy uno de los cinco anteproyectos de ley que componen el plan de «rexeneración democrática» comprometido por su presidente, Alberto Núñez Feijoo, en el Parlamento hace tres semanas. Redactado por el Consello Consultivo, el texto regula por primera vez en Galicia de manera específica la financiación de los partidos. Al contrario de lo anunciado en el hemiciclo por el mandatario popular, no prohíbe expresamente las donaciones de personas jurídicas a las formaciones políticas. Sin embargo, establece que quienes las reciban no tendrán derecho a cobrar fondos autonómicos, ni para desembolsos electorales ni para gastos de funcionamiento ordinario.
Ante la ausencia de Feijoo, quien a primera hora del día aún no había regresado de su gira décima por América y ya a partir de las 13.30 debe asistir a tres actos en A Coruña, la reunión semanal del Ejecutivo la ha dirigido en esta ocasión su vicepresidente. En comparecencia de prensa tras ese encuentro, Alfonso Rueda ha explicado la renuncia a vetar por completo las donaciones de empresas a partidos aduciendo que hacerlo contravendría la normativa estatal. En paralelo, ha anunciado que el flamante documento iniciará de inmediato su tramitación en la Cámara autónoma, de modo que podría quedar aprobado definitivamente esta primavera, si bien en la práctica no surtiría efecto hasta el 2016.
En su intervención, el número dos de San Caetano ha subrayado las restantes, a su juicio, novedades fundamentales de la futura ley. Ha citado entre ellas que el Consello de Contas tendrá ahora «capacidade de fiscalización practicamente total sobre a financiación dos partidos» y que las fundaciones y asociaciones vinculadas a estos quedarán sujetas a los mismos corsés que las formaciones políticas. Igualmente, se verán incrementadas las exigencias de publicidad y transparencia en la realización de gastos y la formulación de cuentas.
Preguntado sobre si la reforma del marco jurídico incluye eliminar la práctica del envío postal de papeletas en campaña, como ayer demandó el BNG, Rueda ha reconocido que no, aunque tampoco ha cerrado la puerta por completo a que ese precepto pueda ser incorporado al articulado durante la discusión de este en el Parlamento. «Queremos -ha sentenciado- que haxa o máximo consenso posible».
Cese en la APLU
Además, el Consello ha aceptado, «a petición propia», el cese de la directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), María Martínez Allegue, a quien sustituirá en adelante el hasta ahora secretario del Concello de Boborás (Ourense), José Antonio Cerdeira Pérez. También ha dado luz ver a un decreto que endurecerá la obtención de la condición de municipio turístico, al exigir para conseguirla tres requisitos cuyo cumplimiento hasta ahora no era necesario en su integridad.
Plan de transporte para Vigo sin Caballero
El Gobierno, igualmente, ha otorgado su plácet al plan de transporte metropolitano de Vigo, que en una primera fase funcionará solo en 12 concellos: todos los del área, excepto la capital y Gondomar. En virtud del acuerdo, la Administración dedicará a lo largo de los próximos cuatro años 8,8 millones de euros a financiar el sistema. «[Abel Caballero] terá que explicar porque non quere que os cidadáns de Vigo non accedan ás rebaixas [no billete]», ha espetado Rueda, consultado acerca de la autoexclusión de la ciudad olívica en este programa.
Por último, el Ejecutivo ha autorizado una actualización e los precios del Banco de Terras y la construcción de un parque eólico entre los concellos pontevedreses de Lalín y Rodeiro. Constará de cuatro aerogeneradores con una potencia instalada de 12 megavatios y una capacidad de producir energía, según datos noficiales, equivalente al consumo de diez mil hogares. Su promotor invertirá en habilitarlo algo más de 17 millones.