Manuel Villar, comerciante de juguetes con negocios en bajos alquilados en el casco histórico, ya ha negociado prórrogas por su condición de sociedad anónima que le permiten aplazar lo que considera que será «un problemón» para muchas tiendas de Santiago. «Si me ocurriese a mí podría pensar en retirarme por mi edad, pero ¿qué pasará con toda la gente que trabaja en estos negocios y que son casi como de la familia?, se pregunta este empresario que ve auténticas «lagunas» en la normativa que regirá a partir del 1 de enero del 2015. Pero para él lo peor serán las tensiones que se producirán entre los propietarios y los inquilinos: «Creo que los dueños van intentar pasar factura a los empresarios por los años de relación, muchas muy deterioradas, y van a querer deshacerse de ellos. Lo tendrán fácil pidiendo cantidades prohibitivas que obligarán a la gente a renunciar, y después ya buscarán a otro nuevo arrendado al precio que sea», explica Villar, quien recomienda a sus colegas acelerar las negociaciones y no esperar a que acabe el año.