L a gestión urbanística está, como era previsible, en el ojo del huracán de la pugna política local, pese a la calma chicha imperante en el sector de la promoción inmobiliaria por la crisis que mantiene bajo mínimos la actividad del ladrillo. El expromotor Gerardo Conde Roa llegó a la alcaldía con el propósito de borrar la marca socialista sólidamente estampada por su antecesor, que con la carta magna del PXOM, la herramienta de la Empresa Municipal de Vivenda e Solo (Emuvissa) y el fuerte viento a favor de las vacas gordas de la inversión inmobiliaria, movilizó suelo residencial e industrial y convirtió a Santiago en una ciudad aventajada de la intervención pública, que se tradujo en la construcción masiva de vivienda protegida.
A falta de que Conde Roa ponga boca arriba las cartas de su modelo de gestión del suelo, a la oposición le ha faltado tiempo para colgarle la etiqueta del urbanismo de la derecha recalcitrante -no a la intervención pública, sí a la ley del mercado- cuando no la de la chapuza urbanística movida por oscuros intereses (léase la resucitada operación de la finca de Espiño) o la de la caza de brujas que acabó con el descabezamiento de los departamentos del área urbanística.
¿El motivo de tal etiqueta? La parálisis de Emuvissa, que entra ahora en situación preconcursal después de siete meses, los de gestión del PP, en los que no ha ingresado un euro mientras pesan como una losa las obligaciones a corto plazo por 7,5 millones, a los que no se sumarán, al menos de momento, los 16 millones de las obras de urbanización de los nuevos suelos industriales de Costa Vella y Formarís, adjudicados a toda prisa por el gobierno de Sánchez Bugallo en funciones. Conde Roa considera que estos suelos no son viables por la alta repercusión de los costes de la urbanización y del nudo de enlace con la carretera N-550, lo que viene a coincidir con las tesis de los propietarios de los terrenos, que veían esfumarse las rentabilidades que esperaban y que, además de ir al juzgado de lo contencioso, no han pagado las cuotas que les corresponden. El PP necesitaba respaldar esta posición con informes técnicos, pero una ingenuidad del arquitecto externo experto en rehabilitación que recibió el encargo le dio al PSOE una prueba para denunciar una estrategia premeditada de Conde Roa: un primer informe no era todo lo contundente que esperaba el gobierno local para justificar la inviabilidad de estos polígonos, pero ya no se podía sustituir por otro porque el autor lo entregó por Registro en vez de someterlo previamente a la consideración de quienes se lo encargaron, por lo que hubo de hacer otro «aclaratorio», e incluso un tercero «sobre las matizaciones» del segundo respecto al primero. Rocambolesco.
Para argumento, el que puso Bugallo en manos de Conde Roa al adjudicar en junio del 2011 los citados suelos industriales cuando sabía que estaba a punto de abandonar la alcaldía y la presidencia de Emuvissa y que el PP, que reiteradamente se había opuesto, podía paralizarlos. Con esta decisión, el exalcalde pudo intentar forzar un órdago a Conde Roa a favor de la empresa municipal y del desarrollo de los nuevos suelos industriales, que eran un compromiso reiterado ante la ciudadanía. Pero Bugallo tampoco desconocía que el nuevo alcalde no dobla con facilidad y, a la postre, su decisión puede dejar más tocada todavía a Emuvissa por la obligación de indemnizar a los adjudicatarios, los únicos con ganancia asegurada.