Raúl López se ha implicado desde hace unos pocos años en la vida de Santiago y en la del Concello. Su irrupción fue progresiva tras la compra de Castromil por Monbus, que se convertiría pronto en gestor compartido del transporte urbano de la ciudad. Luego, en gestor único.
Ello ocurrió a mediados del 2010 cuando en plena crisis de la compañía Marsáns, propietaria de Trapsa, Monbus llegó a un acuerdo con la empresa de Gerardo Díaz Ferrán para absorber la práctica totalidad de la explotación del transporte de Santiago. El siguiente paso, en diciembre del 2010, fue hacerse con el recinto ferial de Amio.
Pero cuando quiso hacer lo propio con la gestora del Multiusos, Xade, tras alcanzar un acuerdo con la firma Sidecu, el grupo popular exteriorizó su posición desfavorable a esa iniciativa, que no llegó a ser abordada por el pleno de la corporación local. El PP entendió que el Concello debería ejercer el derecho que le asiste de adquisición preferente.
En medio de un clima enrarecido, llegó el choque más directo entre ambas partes, relacionado con la asunción del mercado de Amio. El gobierno local le reclama a Monbus el pago pendiente del canon de la concesión relativo a los dos últimos años, por importe de 200.000 euros, y la realización de las obras necesarias para la puesta en condiciones del recinto ferial.
Con las inspecciones de la Xunta en la mano, Raxoi enumeró un montón de deficiencias sufridas por las instalaciones (zonas de carga y descarga, separación de ganado, suelo resbaladizo, tren de lavado, etcétera). Unas actuaciones que se traducían en unos 500.000 euros.
Monbus rechazó que tuviese deudas con el Ayuntamiento y la concejala Reyes Leis cuestionó con duros términos la actuación de la empresa gestora, a la que abrió un expediente para el rescate de la concesión.
Con ese ambiente tan discordante, la acción judicial de Monbus en relación a la Fundación Compostela Deporte ha sido como una puntilla a un posible entendimiento entre las partes. El Concello tenía un plan de pagos para sanear la fundación, que se desvaneció con el embargo de las aportaciones a la entidad decretado por el juzgado.