La construcción de la piscina cubierta le costará 312.000 euros al Concello de Negreira
SANTIAGO
El Concello de Negreira tendrá que sufragar de sus propias arcas 312.695 euros para construir la piscina climatizada de Pedra Mámoa, un proyecto en el que la Diputación aporta el 70% (736.000 euros) del importe de adjudicación, fijado en 1.050.016 euros, cuantía de la oferta hecha por Construcciones en Pedra Sigrás S.L., sobre una licitación de 1.424.000. La doble sesión plenaria de carácter urgente puso de manifiesto las importantes diferencias entre PSOE y PP. El gobierno, con apoyo del PIN y la edila Pilar Pérez, aprobó una modificación presupuestaria para que la partida municipal se asuma con el remanente líquido de tesorería, lo que según el portavoz del gobierno, Antonio Suárez, asciende a 456.000 euros. El PP, que se abstuvo en la modificación presupuestaria, dudó que recurrir a la modificación sea el camino más indicado: «Non sabemos que ingresos e gastos reais imos ter en 2011, polo que cremos que aparecerán logo facturas e haberá que facer expedientes de recoñecemento de crédito», indicó el popular Manuel Hombre. En las filas del PIN, su portavoz, Antonio Hombre, se mostró sorprendido, y pidió explicaciones al conocer ayer mismo que la subvención de la Diputación no llegará en la práctica al millón de euros prometido como máximo sobre la cuantía licitada. «Sempre se falou dun millón, e agora veñen dicindo que o convenio só estipula o 70,22% do total licitado», subrayó Hombre. El alcalde, Jorge Tuñas, dijo que él siempre pensó que era un millón hasta enterarse por el convenio que el importe subvencionado bajaría según fuese la adjudicación final del proyecto. Propuso pedir una entrevista con el presidente de la Diputación para que el remanente sobrante del millón de euros recale en la piscina de Negreira. En la segunda sesión plenaria se adjudicó el proyecto de la piscina con la abstención del PP, cuyo portavoz, Juan Rey Maceira, reiteró su temor a que los 861.000 euros de inversión real se queden cortos para un proyecto valorado en 1,4 millones, acusando al gobierno de «irresponsabilidad» por tratarse de una de las ofertas más bajas del proceso.