La Xunta acaba de confiar a la sociedad anónima Vinsa la vigilancia y seguridad de la mayoría de sus edificios administrativos durante un período de dos años. Dicho servicio, salido a licitación con un presupuesto tope de 9,91 millones, fue adjudicado finalmente por unos 8,99, en virtud de una decisión que, firmada a 5 de febrero, todavía se considera provisional. Resuelto el 30 de abril del 2007, el anterior concurso de este tipo había sido fallado con un coste medio mensual para el erario de 253.420 euros, frente a los 374.847 de ahora. De modo que la Consellería de Presidencia gastará en estas tareas un 9,2% menos del dinero que, como máximo, estaba dispuesta a abonar, pero un 47,9% más de los cuartos que hasta la fecha venía desembolsando. Por este contrato compitieron Cetssa, Castellana de Seguridad, Eulen, Ombuds, Segurisa y Vinsa, a la postre vencedora. Se trata de una división del Grupo Alentis, el cual pertenece a Ceosa, que es una corporación propiedad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A la compañía en cuestión no le resultará difícil asumir este encargo, pues actualmente ya se viene ocupando de proteger las grandes sedes autonómicas. Dará empleo a 144 personas Vinsa renovará en esas funciones gracias a que Presidencia puntuó su oferta con una nota de 94,25 sobre cien, mientras que el resto de propuestas formuladas por el sector las valoró muy por debajo, exactamente, con entre 37,69 y 72,41 puntos. Obtuvo una calificación tan alta gracias a los apropiados métodos organizativos que ha prometido aplicar, a las frecuentes inspecciones internas que ha anunciado, a su elevada capacidad de respuesta ante emergencias, a los notables conocimientos y formación de su personal, a las 20.000 horas extra gratuitas que ha garantizado, al numeroso grupo de trabajadores que va a emplear: 129 vigilantes, 17 jefes de equipo, 2 supervisores y un coordinador... En el polo opuesto, la consiguió a pesar de que, como consta en un acta oficial datada a 4 de febrero en Santiago, durante el proceso de presentación de proposiciones ante la consellería había incurrido, junto a Eulen y Ombuds, en un supuesto de exclusión legalmente denominado «baixa anormal ou desproporcionada». No en vano, las tres sociedades mencionadas se habían brindado a custodiar los inmuebles de la Xunta a cambio de una suma económica inferior a la mínima prevista en el convenio colectivo estatal vigente para las empresas de seguridad. Al respecto, en el referido informe del tribunal, puede leerse: «Solicitóuselles que xustificasen o prezo ofertado. Todas elas contestaron en prazo, xustificando o prezo, ben presentando un estudo económico, ben recortando a marxe do beneficio industrial; e declarando respectar os salarios previstos no convenio colectivo. Polo que se lles aceptou a desvirtuación da baixa».