El Ayuntamiento tendrá que ejecutar una sentencia que anuló una licencia de legalización de obra y que afecta al edificio 9-11 de García Prieto, lo que según la concejala de Urbanismo obliga a clausurar una de sus dos plantas de sótano. El acceso a la otra deberá hacerse a través de una rampa que implica la «inutilización dun baixo utilizado como vivenda». Según la portavoz de la Xunta de Goberno, Socorro García, la sentencia procede de problemas internos entre los promotores y los propietarios, que llevó a recurrir la licencia. El caso, dice, es que ahora mismo esa obra sería legalizable tal y como está el edificio. Raxoi planteó por ello «un incidente de inejecución», pero el tribunal indicó que hay que ejecutar el fallo. El Concello adjudicó ayer los trabajos de levantamiento del planeamiento actual del edificio y su adaptación a la sentencia, lo que determinará qué obra hay que hacer para ejecutarla.