Las empresas Minas de Bandeira y Explotación Minera de Campomarzo hacían ayer los cálculos más pesimistas ante la sorpresiva expropiación de 350.000 metros cuadrados que afectaban directamente al desarrollo de las minas que explotan en Silleda. Ante la desesperación que provocó la eventual ocupación de terrenos por parte del ADIF, la Asociación Galega de Áridos envió ayer un comunicado de prensa en el que denunciaba que la decisión administrativa llevaría al paro a más de 250 trabajadores contratados en estas canteras.
Lo que causaba más indignación en las dos empresas afectadas era la ausencia total de explicaciones por parte del Ministerio de Fomento. «Ninguna de las compañías fue informada previamente de la situación y ambas conocieron los trámites administrativos a través de la publicación de un anuncio en el BOE », se aseguraba en el comunicado.
El desconcierto era total, pues la traza del ferrocarril «no afecta directamente a la zona expropiada» y tan solo la explotación de Campomarzo había tenido un expediente de expropiación paralelo directamente relacionado con la construcción de la línea de alta velocidad.
Los empleos estaban amenazados porque los terrenos a expropiar dentro de estas concesiones estaban situados precisamente en los principales frentes de explotación de estas canteras.
Paradójicamente, en estas minas se obtiene, entre otros materiales, balasto para el ferrocarril, así como mezclas bituminosas para la construcción de carreteras. Según los miembros de la asociación minera, la expropiación que finalmente no se llevará a cabo habría provocado serios problemas de desabastecimiento.
La ocupación de terrenos incluía incluso un vertedero de residuos de la construcción que daba servicio a toda Galicia. Ante tantos agravios, la asociación se reservaba todo tipo de medidas «dirigidas a las más altas instancias».
Errores anteriores
No es la primera vez que Fomento comete un error de este tipo en una expropiación. El último afectó a la mina de Serrabal, donde la ocupación de una finca de apenas 1.586 metros cuadrados generó una expropiación de terrenos errónea que afectaba a otros 44.258 metros que el ADIF no necesitaba en ningún caso. En esta ocasión, la equivocación se sumaba al largo contencioso con la empresa de Villar Mir.