Testimonios | María Jesús Costa y Sonia Puente, la otra cara de la moneda Demandantes de viviendas sociales desde hace años, estas mujeres creen vergonzoso que los dueños de inmuebles protegidos no los ocupen, los alquilen o los revendan
01 dic 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?Sientes una impotencia total cuando te enteras de que hay personas con viviendas públicas que las alquilan o las venden», comentaba ayer María Jesús Costa Pico, que espera desde hace años una residencia social. «A nosotros nos marean, nos hacen entregar mil y un papel, incluso entregar toda la documentación varias veces; y, después, te enteras de que hay personas que compran viviendas protegidas y resulta que no las ocupan; es vergonzoso», se lamentó María Jesús. «Si conozco algún caso, ¡vaya que si denunció! Pero nada de multas, que les quiten las viviendas, porque no les hacen falta; y que las destinen a personas que las precisan», dijo. Esta mujer, que tiene tres hijos y trabaja casi de sol a sol para sacar adelante a su familia, no entiende cómo «una persona compra una vivienda y no la ocupa al día siguiente de recibir la llave; eso ya es raro, yo no perdería ni un día, porque pago un alquiler; esos no lo pagan o tienen vivienda». María Jesús Costa se quedó en el puesto 134 de la lista provisional de cien viviendas sociales que están pendientes de resolución. Pero, unos meses después, tuvo que volver a entregar toda la documentación para otro lote de cincuenta pisos en Salgueiriños. «Tengo pocas esperanzas; no nos dan opciones a nada; que no nos den esperanzas para después quitárnoslas». Sonia Puente Pérez también viene esperando estar entre los agraciados con una vivienda social desde hace más de diez años. En Fontiñas se quedó en el puesto 51 y en la última lista ocupa el puesto 197. «Todas las viviendas deberían ser públicas, por lo menos, mientras haya personas como yo, que llevamos años esperando un piso; una vivienda social cuesta entre 12 y 14 millones de pesetas; para pagarlos tendré que estar 30 años, veremos si no me muero antes». «Las viviendas que hacen las cooperativas cuestan 21 millones y hay que entregar un montón de dinero; quién puede acceder a ellas», insistió Sonia, que se mostró partidaria de aumentar los controles: «Si alguien no ocupa una vivienda en pocos días es que no le hace falta; qué más pruebas necesitan». Esta mujer, que tiene una minusvalía del 75%, está cansada de luchar. «Es una impotencia total, peleas y luchas cada día; y después te enteras de las injusticias». «Tengo 43 años, ¿cuándo pisan darme la vivienda? Yo no cuento con vivir 30 años; ¿quién va a darme un crédito? Es todo vergonzoso; lo que tienen que hacer es quitarles las viviendas a los que defrauden y no volver a darles un piso nunca». Sonia considera que «se habla de corrupción en muchos sitios, eso pasa en todos los lados; ven dinero y lo meten en el bolsillo». Ahora lo tiene claro: «Voy a esperar el nuevo proceso de Salgueiriños y, si no estoy en la lista, tengo claro que no voy a quedarme quieta».