La policía santiaguesa cerró el pasado 27 de octubre la primera parte de lo que denominó Operación ladrillo, y que se saldó con la imputación de un brasileño y tres constructores de Ames, Vigo y Santiago en una red de explotación semejante a la que ahora se ha intervenido. En ese caso, y tal como informó la comisaría, los trabajadores también eran reclutados en Brasil y, en ocasiones, ni siquiera llegaban a cobrar. Además de los incumplimientos en materia de autorizaciones y papeleo, los obreros eran sometidos a una situación de verdadera explotación. La labor se llevaba a cabo en condiciones de precariedad absoluta y, aquellos que tenían más suerte, recibían al finalizar su trabajo una cantidad muy inferior a la que había sido acordada. Los cuatro imputados están en libertad con cargos, pendientes de ser llevados a juicio.