Crónica | Los vecinos reclaman para sí las parcelas
16 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?uién iba a decirles a los 75 labradores del entonces Ayuntamiento de Conjo que en 1864 fueron expropiados por la empresa Ferrocarril Compostelano de la Infanta Doña Isabel que 142 años después sus descendientes iban a mantener un litigio con el Ministerio de Fomento para reclamar derechos legales sobre aquellas propiedades. Entonces se expropiaron dos hectáreas de fincas en la zona de Cornes para la construcción de la que sería la primera línea del ferrocarril entre el lugar y Carril. Una construcción ligada a capital inglés y de la que José Calvo, descendiente de Ramón Seoane (que era alcalde del Ayuntamiento por aquella época), ha realizado una investigación histórica que se remonta a 1543, cuando los monjes cedieron al Conde de Altamira unos terrenos que serían trabajados por los expropiados de 1864. En la actualidad, unos seiscientos descendientes de aquellos labradores están a la espera de la sentencia del Contencioso-Administrativo, que determinará definitivamente si tienen o no derecho a la reversión de los terrenos expropiados en su día para construir la línea y la estación de ferrocarril y que en 1989 fueron recalificados para la construcción de viviendas protegidas y desde hace unos meses serán destinados a vivienda libre. Los afectados insisten en que la sentencia favorable a sus intereses dictada por la Audiencia Nacional en el 2000 no se ejecutó correctamente, ya que aunque el Ministerio de Fomento repitió el proceso para que los propietarios reclamaran el derecho de reversión, lo hizo con una lista de propietarios de 1924 y no de 1864. Ante esta situación, los seiscientos herederos presentaron recursos contencioso-administrativos. José Calvo, portavoz del grupo y alma máter de toda la investigación, insistió en que todo el proceso «incurre en irregularidades» e «incumple la Ley de Expropiación». Calvo aseguró que, una vez resuelta la vía administrativa, recurrirán a la penal para exigir responsabilidades. Lamenta que el alcalde no les reciba, pese a tener solicitada una entrevista para hacerle entrega de la documentación de su investigación y le recuerda que «en todos los delitos hay un presunto autor y un presunto cómplice». El anuncio de la subasta de dos nuevas parcelas por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es, en opinión de Calvo, una «pieza más» de este proceso «enredado por las administraciones» para «liar a los legítimos dueños». No les preocupa que se vendan, dado que «en el futuro tendrán que responder». En la investigación de Calvo hay muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, por qué el Concello y Renfe firman el convenio urbanístico si Bano Real es dueña del 60% de los terrenos.