El concejal de Urbanismo confía en que el Tribunal Supremo dé la razón al Ayuntamiento Toxo afirma que los compradores de pisos debieron esperar a que hubiese una licencia
13 sep 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?a sentencia del Tribunal Superior de Xustiza «no es firme, no supone ninguna paralización ni suspensión de nada». Así se pronunció ayer el concejal de Urbanismo, Luis Toxo, que pidió «tranquilidad» y lamentó la «alarma» que ha suscitado el conocimiento público de la sentencia. El concejal admitió que el texto era conocido por el equipo de gobierno desde junio y que el pasado 2 de agosto, después de que la sentencia fuera estudiada por los servicios jurídicos, se decidió recurrir en casación. El edil está seguro de que se admitirá el recurso y que, posteriormente, el Tribunal Supremo dará la razón al Ayuntamiento. El concejal pidió que se «desdramatice» este asunto en relación con la petición del PP de una reunión de la Comisión de Urbanismo y la solicitud de un informe jurídico sobre las consecuencias de esta sentencia. Aseguraron que el texto estaba también a disposición del PP, pero «tardaron más de un mes en ver el interés por esta sentencia». La decisión del Tribunal Superior, en opinión del concejal, «limita las competencias municipales para decidir los porcentajes de viviendas protegidas y entra en la autonomía municipal», por lo que entiende que el Supremo modificará la sentencia. El concejal explicó que en los argumentos del Tribunal se utiliza la Ley del Suelo del 97, cuando debía emplearse la del 2002. Este matiz será el que se emplee para defender el recurso de casación, según explicó el edil. En el caso de que el Supremo ratifique la sentencia, Toxo indicó que el suelo pasará a la situación anterior a la modificación y entonces serán los propietarios los que tengan que asumir el desarrollo. Pero, en este caso, no serían 55 viviendas por hectárea sino 20. Antes de la modificación, todas las viviendas eran libres; con la variación del plan sería el 20% viviendas protección oficial; 45% de protección autonómica; 10%, promoción pública; y, 25%, tasadas. En cuanto a las personas que depositaron cantidades para adquirir una de las viviendas a construir en el suelo de Lamas de Abade, Toxo dijo que «el Concello no tiene nada que ver con eso», y supuso que «tendrán opción a retirar su dinero; siempre es mejor esperar a tener una licencia». Los propietarios de terrenos, que firmaron una opción de venta a Castelar de Xestión, explicaron que el recurso fue presentado porque el Concello modificó la calificación, después de que ellos habían solicitado desarrollar el suelo para construir vivienda libre.