?os propietarios del 33 por ciento de los terrenos del suelo urbanizable no programado (sunp) 13 de la carretera de A Estrada, en el barrio de Castiñeiriño, reclamarán ante el IGVS su derecho a desarrollar directamente este suelo público. Este trámite ya había sido solicitado cuando se inició el proceso de desarrollo urbanístico de este suelo, que está siendo gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo. Entonces, este organismo les indicó que esta petición de exclusión tenía que realizarse cuando se iniciara el proceso de expropiación de los terrenos, trámite que comenzó el pasado 3 de agosto con la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la relación de propietarios y bienes a expropiar. Fuentes de la comisión de afectados aseguraron que, antes de la publicación de este anuncio, se mantuvo una reunión en la sede del IGVS con representantes de este organismo, del Concello y de la cooperativa O Combarro, que posee el 67 por ciento de los terrenos. En esa reunión se iba a intentar un acuerdo entre las dos partes de la propiedad, pero no se alcanzó ninguno e incluso se llegó a asegurar que a Combarro sólo le faltaban unos siete mil metros cuadrados de toda la superficie. Los afectados dicen que son propietarios de casi 27.000 metros cuadrados, como se demuestra en el anuncio de expropiación. Por otro lado, los afectados pedirán una comisión de investigación para aclarar todo el proceso de adjudicación de la concesión de la ejecución del plan parcial y del proyecto de urbanización. Los propietarios creen que hay algo oscuro en todo el proceso. Aseguraron que las viviendas unifamiliares protegidas de todo el suelo estaban vendidas desde antes de que la cooperativa O Combarro tuviera la propiedad del mismo. Pedirán que la comisión de investigación aclare las dudas sobre la claridad del proceso de adjudicación, en el que, por ejemplo, no se decía qué cantidad de terreno había que tener para poder acceder a la adjudicación. Los afectados aseguraron que antes de que la cooperativa fuera adjudicataria oficialmente (no se había publicado dicha adjudicación en el DOG), remitió un escrito a los propietarios para indicarles que estaban obligados a adquirir el terreno por el sistema de expropiación, aunque no descartaban la posibilidad de llegar a un acuerdo. Fuentes de los afectados aseguraron que esta misiva fue interpretada por muchos como una amenaza. En enero, la comisión de afectados tenía un 40% del terreno, que después de la carta se quedó en el 33%. El tercio de los propietarios del suelo de la carretera de A Estrada denuncian también que la cantidad estimada en el proceso de expropiación (40 euros) está por debajo del valor comercial del terreno, que fue fijado por la propia cooperativa cuando compró fincas en este mismo suelo por 60 euros. De acuerdo con la normativa, al menos deben respetar el valor comercial.