?ntonio José Parafita se ampara en la Constitución Española y en la Europea para defender el derecho a la enseñanza reglada de religión. «Nuestra asociación mantiene estrecha colaboración y diálogo con la Iglesia, las administraciones, los sindicatos y las asociaciones de padres», asegura. -El 80% de los padres pide en los centros públicos que sus hijos sean educados de acuerdo a sus convicciones religiosas, morales y filosóficas. El derecho básicamente es de los padres y así está reconocido; no es un privilegio de la Iglesia ni del profesorado. -¿Cómo es su situación laboral? -En los centros públicos tenemos consideración como interinos y se firma un contrato para cada año escolar. La aspiración es que sea indefinido y que se garantice estabilidad como en Italia, Finlandia, Alemania y otros países. -¿Qué fórmula defienden para conseguirlo? -Nosotros defendemos que se aplique la misma que en Italia, que consiste en que las confesiones religiosas mantengan íntegras sus facultades de proponer a los docentes idóneos e indicar cuándo dejan de serlo, sin que los derechos laborales y profesionales experimenten detrimento. De forma que, en algún caso en que un profesor de religión no deba seguir con la materia, se le sitúe en otra para la que tenga suficiente titulación académica. El profesorado, la Iglesia, los sindicatos y las administraciones estamos en la dinámica de negociar una fórmula para la estabilidad.