Santiago fue en el 2002 la segunda ciudad gallega en licitación de obras públicas
SANTIAGO
Pese a la ajustada estructura de las cuentas municipales, invirtió seis millones de euros de fondos propios El esfuerzo inversor por habitante fue en el 2002 de 64,2 euros
12 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Santiago fue en el 2002 la segunda ciudad de Galicia que afrontó un mayor esfuerzo inversor con fondos propios, de acuerdo con un informe de la Federación Gallega de la Construcción (FGC) sobre la licitación pública. El Concello santiagués licitó 31 proyectos de obra por un montante total de 6.039.120 euros, lo que arroja un ratio por habitante de 64,2 euros. A Coruña encabezó en el 2002 el ránking municipal de licitación pública con 20,8 millones de inversión en 42 proyectos de obra, mientras que el resto de las ciudades presentan cifras inferiores a las de Santiago: Ferrol (629.541 de euros), Lugo (5 millones), Ourense (1,4 millones), Pontevedra (5 millones) y Vigo (2,5 millones). Durante el año 2001 Santiago ocupó el cuarto puesto en el ránking de las siete ciudades, con una inversión de 4,1 millones en 18 proyectos. Vigo fue la ciudad que afrontó un mayor esfuerzo licitador, con 24,5 millones de euros consumidos en 40 proyectos, seguida de A Coruña, con 15,3 millones en 49 proyectos y Pontevedra, con 5,5 millones de euros en 26 proyectos. El informe de la Federación Gallega de la Construcción contempla también la licitación pública promovida desde la Xunta y Administración central, aunque no territorializa la inversión por municipios, pese a su importancia, el 85% del total de la licitación pública en Galicia, que también incluye los proyectos comunitarios cofinanciados por la Unión Europea (UE), lo que ha supuesto un importe total de 1,1 billones de euros durante el 2002. A esta licitación pública hay que añadir la de las tres Diputaciones provinciales, 38,1 millones de euros también durante el año pasado. El informe de la FGC simplemente se limita en los casos de las licitaciones de las Diputaciones, el Gobierno autónomo y el Gobierno central a contabilizar las empresas adjudicatarias, los importes y el número de proyectos afectados, lo que impide y dificulta identificar estas inversiones por concellos o por espacios territoriales comarcales.