Los vecinos de Santiago soportan una presión fiscal muy similar a la de las ciudades de su entorno geográfico y a otras urbes de parecidas características como Burgos, Oviedo, León o Salamanca. El modelo se repite casi sistemáticamente en todo el norte peninsular y encuentra su antítesis en los municipios del área mediterránea, especialmente en Cataluña. Una forma de entender los impuestos locales que defiende el actual concejal de Facenda compostelano, Xaquín Fernández Leiceaga. El edil nacionalista es consciente de que la fiscalidad en Santiago es sensiblemente más baja que en otras ciudades y en varias ocasiones manejó las cifras del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para sostener sus argumentos. Un impuesto que se ha convertido en el pilar de las arcas locales y al que sin embargo no se le exprime todo el jugo que permiten las normativas, ni tan siquiera la mitad. Leiceaga es partidario de manejarse con «precaución» con este tipo de recursos. El encargado de las finanzas compostelanas entiende que la presión ejercida por las ciudades catalanas ha ofrecido unos resultados que se traducen en una estabilidad política que se mantiene casi invariable en los últimos años. «Iso quere dicir algo». Y va más allá al asegurar que un modelo similar en Santiago repercutiría decisivamente en la calidad de los servicios municipales. Pero en el fondo no comparte esta línea de actuación. En primer lugar, porque el ciudadano podría tener dificultades para percibir como positiva esa política de recaudación y aumentaría la morosidad. Y además, se cargarían las tintas sobre los habitantes de derecho de una ciudad que acoge a miles de personas que pagan sus impuestos locales en otros municipios. ¿Por dónde irán los tiros entonces? Aumentará la presión en las tasas de los servicios (basura, agua...), un aro mucho más amplio y solidario por el que debe pasar, al menos, todo el que tenga su residencia en Santiago.