Desde la Xunta consideran perfectamente viable la petición de un cuarto magistrado e incluso, llegado el caso, la posibilidad de que Santiago pudiese acoger toda una sección completa, la séptima, de la Audiencia Provincial de A Coruña. Sin embargo, este último extremo no tiene demasiados visos de prosperar, por cuanto el número de casos anuales, aún siendo muy alto, no sería suficiente para tener en funcionamiento dos salas. Otro de los objetivos es conseguir que los juzgados de Ordes y de Arzúa realicen sus recursos ante la sede compostelana y no como ocurre actualmente, que dependen únicamente de las salas de A Coruña. Un problema que se presenta en este punto es que los abogados y los procuradores que llevan casos de las zonas de Arzúa u Ordes y tienen que desplazarse a diario a la ciudad herculina pertenecen a la demarcación territorial de Santiago, lo que supone un encarecimiento de costes por desplazamiento y dietas que, al final, acaba recayendo en el justiciable y en la Administración.