Desde que se pone un establecimiento de hostelería, el dueño está sujeto al pago el canon por derecho de autor, cuya cuota, mensual, se acuerda dependiendo de la categoría del centro. En un primer momento, un inspector visita el local para constatar que allí hay aparatos cuya explotación deberá cotizar ante la SGAE. Si se negocia directamente con esa entidad, la cuota, aseguran los empresarios, se rebaja, «por lo que nos encontramos calles donde dos establecimientos iguales pagan un cuota diferente», dice Andrés Condide, de la Asociación de Empresarios. La negativa a pagar el canon, como solicitan, tiene su respuesta con una primera notificación de la SGAE días después de que el empresario se niegue a firmar el contrato. Tiempo después se insiste con una segunda carta, hasta que la tercera es una llamada al juzgado. Antes del juicio hay un proceso amistoso, pero al que los asociados ya no acuden.