El Concello de Poio trata de implicar a la Xunta y al Gobierno en la solución
21 jun 2020 . Actualizado a las 19:42 h.Fue en el año 1962 cuando las primeras familias se asentaron en O Vao, en lo que se acabaría convirtiendo en uno de los grandes supermercados de la droga de Galicia. Hoy, casi sesenta años después, el problema persiste. Y lo hace con una preocupante radicalización por parte de quienes allí tienen ubicado su centro de operaciones. El asalto brutal a dos agentes de policía local por una multitud en el poblado es el último y más claro ejemplo.
Así las cosas, el Concello de Poio desplegará el enésimo intento por solucionar un problema social y de seguridad ciudadana que excede el ámbito competencial local. La estrategia pasa por implicar a la Administración autonómica y central. «O Concello de Poio remitirá proximamente escritos á Subdelegación do Goberno en Pontevedra, ao delegado do Executivo en Galicia e á Xunta para proporlle a creación dunha mesa de traballo dirixida a solucionar de xeito definitivo a problemática do Vao», explicaron ayer desde el Ayuntamiento.
No es la primera vez que se intenta. El primer convenio con la Xunta para erradicar el chabolismo en O Vao data nada menos que de hace 25 años. Se volvió a intentar, quizá de la forma más decidida hasta la fecha, en el 2005, con una modificación urbanística que haría cruzar un gran vial por el centro del poblado, llevándose con él el núcleo chabolista y con la construcción de bloques de viviendas sociales en su lugar. De aquello no queda más que un testimonio mudo en forma del arranque del vial que muere en un barranco en la glorieta de acceso al polígono industrial aledaño al poblado.
Ahora el Concello se propone reactivar el plan mientras no renuncia a seguir con la política de derribos de estructuras que se aprovechan para el trapicheo en la zona. «As xestións emprendidas hai unhas semanas por parte do Concello para demoler unha vella infraestrutura situada nas inmediacións do Vao de Arriba, na que é frecuente o trapicheo e o consumo de estupefacientes, avanzan a bo ritmo», explican desde el Concello, que ha llegado a un acuerdo con los propietarios.
«Temos que dar un paso máis e consideramos que unha mesa de traballo con todas estas institucións axudaría a poñer sobre a mesa máis alternativas á hora de buscar vías que resolvan unha situación que non se limita exclusivamente ao ámbito policial. Tamén se precisan actuacións urbanísticas, sociais», explica la concejala Marga Caldas.