Un auto del Tribunal Superior permite legalizar el inmueble en base al PXOM de Bueu
01 sep 2020 . Actualizado a las 19:44 h.Un largo conflicto urbanístico ha llegado a su fin en Bueu, 26 años después, con un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que acepta el incidente de inejecución, impulsado por el Concello, para evitar la demolición parcial de un edificio en la villa. La emisión del auto permite su legalización por parte del Concello, que ahora puede tomar esta medida en base al PXOM. El inmueble, situado en Loureiro, en el margen izquierdo de la carretera PO-551 en sentido de Marín a Cangas, es el edificio Pintos, uno de los pleitos urbanísticos que llegó a asumir el carácter de símbolo en Galicia por su casuística. Según explicó José María Alén, el portavoz de los vecinos, que llegaron a agruparse en un colectivo con el sonoro nombre de La Lona de la Vergüenza, ahora el edificio está legalizado y no hay que hacer ningún derribo en su fachada como se sentenció en 1991 en primera instancia. La sentencia que desencadenó todo el conflicto imponía un derribo parcial de la fachada, pero suponía el desalojo permanente de los vecinos, al afectar a partes estructurales de los pisos.
Alén recordó que todo comenzó con una denuncia de un particular contra la obra entonces en marcha y que se sentenció en 1991. Los vecinos, que había comprado los pisos, no se enteraron de lo que estaba pasando con sus viviendas hasta que se les notificó en 1994 de la orden de derribo parcial. Cuando lo supieron, intentaron recurrir la resolución judicial, pero se encontraron con todas las puertas cerradas. Habían pasado los plazos legales para interponer el recurso que habría simplificado la cuestión.
Los vecinos señalaron que se sentían desamparados por la Justicia y la Administración, ya que ellos habían comprado sus pisos de buena fe y nadie les advirtió de la existencia de ningún proceso judicial en torno a la legalidad urbanística del inmueble.
Los afectados iniciaron entonces una batalla legal que permitió reabrir el caso y llevarlo hasta las más altas instancias, recabando también el respaldo de los grupos municipales del Concello de Bueu y de colectivos de propietarios de buena fe afectados por situaciones semejantes en distintas partes de España. La aprobación del PXOM de Bueu fue clave para poder desatascar este conflicto y permitir la regularización del inmueble. En base al plan urbanístico, el Concello presentó el incidente de inejecución, ya que el PXOM permite la legalización total del Pintos.
Alén manifestó la gratitud de los vecinos hacia todas las personas que los apoyaron. Especialmente tuvo palabras de aprecio para el fallecido abogado Antonio Cascante, «excelente persona y buen profesional», y a quien atribuyen el éxito judicial y administrativo de su periplo.
El portavoz de La Lona de la Vergüenza recordó que el auto del Tribunal Superior «para nosotros supone felicidad y ver por fin que se ha zanjado un capítulo de incertidumbre porque siempre nos preguntábamos que iba a pasar». Alén recalcó que lo ocurrido a los vecinos del Pintos trastornó la vida de muchos, con un coste económico y moral importante. «Tienes un piso, una propiedad que compraste de buena fe, con gente que ha firmado hipotecas con mucho esfuerzo y ves que no vale para nada porque te lo van a tirar», resaltó. La persistencia de los vecinos y su letrado fueron decisivos para conseguir revertir lo que para ellos era «una injusticia». Ahora respiran aliviados 26 años después.