El Gobierno pretende «rescatar» más de mil pisos para el mercado de alquiler convencional a costa de ilegalizarlos como viviendas de uso turístico
23 sep 2025 . Actualizado a las 19:30 h.El Gobierno de la Nación se ha empeñado en una guerra sin cuartel contra las viviendas de uso turístico (conocidas por las siglas VUTs) y contra las plataformas donde se anuncian y comercializan (como Airbnb y Booking), pretendiendo con esa ofensiva recuperar pisos para el mercado del alquiler convencional.
No deja de resultar llamativo el empeño de Pedro Sánchez y su gabinete cuando estamos hablando de intervenir en el sector económico más importante para el PIB nacional. Somos el segundo país del mundo más visitado (solo nos supera Francia). Con datos hasta julio, más de 55 millones de turistas internacionales ya han visitado España y han dejado cerca de 70.000 millones de euros. Se estima que 2025 se cerrará con 90 millones de turistas internacionales, que, por cierto, tienen entre sus preferencias de alojamiento, las viviendas de uso turístico que intermedian las dos principales plataformas.
Impacto en Rías Baixas
Por estas razones, esta ofensiva gubernamental tiene especial importancia económica y social en el destino Rías Baixas, donde se acumula la principal oferta de este tipo de alojamiento turístico temporal que existe en la comunidad autónoma de Galicia.
Según datos de la Xunta, de las 28.000 viviendas de uso turístico que había en Galicia hasta este verano, prácticamente la mitad (13.500) están situadas en nuestra provincia. Y la mayoría de ellas, hasta 12.000, se concentran y localizan en municipios como Sanxenxo (3.058 VUTs), Vigo (2.400) y Pontevedra (500), así como en los restantes concellos ubicados en el destino Rías Baixas, que ha vuelto a ser top a nivel nacional en España.
La receta de Pedro Sánchez y los ministerios concernidos (Vivienda y Consumo) es tan simplista como retorcida: pretende «rescatar» una bolsa de miles de pisos para mitigar la escasez de vivienda que padecemos en el país a costa. Así busca poner en ilegalidad a cuántas viviendas de uso turístico carezcan de los papeles necesarios y permisos exigidos.
Para complicarle la vida a miles de pontevedreses que obtienen unos ingresos extra a costa de alquileres vacacionales de sus pisos, por los que, por supuesto, hay que tributar al fisco, el Gobierno se inventó una nueva traba burocrática. Ya no bastaba con los permisos necesarios con los que operaban propietarios, anfitriones y plataformas. Como el que en Galicia expide la Xunta desde 2017 a través del REAT (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas) y cuya tenencia es obligatoria para estar legales. El Gobierno estatal decidió doblar la apuesta para lo cual se inventaron un Registro Único de Alojamientos Temporales, que entró en vigor el 1 de julio y que se expide a través de los registros de la propiedad de cada demarcación. En los dos meses y pico transcurridos, las oficinas de Registros, como el de Cambados (que atiende Sanxenxo y otros concellos turísticos), han tenido un aluvión de solicitudes para tramitar ese número de registro único que ahora se exige a cada vivienda de uso turístico. El resultado fue que se produjo un cuello de botella y que aún hay numerosas solicitudes que no han podido ser atendidas y tramitadas.
Por cierto: el número de registro único en cuestión que se ha inventado el Gobierno central, es un código alfanumérico de 53 dígitos que cada propietario deberá hacer constar en el anuncio de su vivienda en las plataformas (Booking y Airbnb, especialmente).
Nebulosa legal
El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda anunció a principios de semana que en la provincia de Pontevedra 1.249 VUTs quedaban en situación de ilegalidad y deberían ser retiradas de las páginas de las plataformas por carecer de ese número de registro único. Ilegalidad o alegalidad porque hay bastante debate sobre si tiene que dejar de operar una vivienda de uso turístico que sí tenga papeles en regla ante la Xunta, que es la autoridad competente en Galicia, por más que el Gobierno central se empeñe en superponerse. Es consecuencia de un puzzle de competencias entre Gobierno, Xunta y los respectivos concellos que, como Pontevedra, han establecido normas restrictivas y por cierto fallidas. Pese a las limitaciones vigentes que solo permiten VUTs en bajos, primera planta o bien en todo el edificio si el inmueble está dedicado exclusivamente, la realidad es que en Pontevedra el medio millar de viviendas turísticas han dejado reducida a poco más de 100 pisos la oferta de alquiler convencional.
Si el decretazo del registro único prosperase, otras 111 viviendas se caerían de la oferta alojativa turística. Si hacemos caso del vaticinio de Dulcinea Aguín, presidenta de la asociación Aviturga que reúne a los propietarios de VUTs, ese centenar de pisos no volverán al mercado convencional, sino que «se cerrarán a cal y canto». El principal motivo es la inseguridad jurídica que genera el riesgo de impagos y okupaciones, amparadas por una Ley de Vivienda intervencionista que, además, limita precios y arrincona los derechos del propietario.
La solución a la crisis de la vivienda no es matar a las VUTs sino políticas de promoción de suelo e incentivos a la construcción como las que, por ejemplo, anunció en Pontevedra la Consellería de Vivenda con el objetivo de edificar 300 viviendas de promoción pública en Valdecorvos y Tafisa, o de promover la urbanización de un ámbito como el del entorno de San Mauro para dejarlo todo listo, desde el punto de vista urbanístico y jurídico, y facilitar la construcción, por iniciativa pública o privada, de otras 2.000 viviendas más.