Un exministro de Justicia y un exvicepresidente del Supremo representarán al Concello de Pontevedra en el caso Ence

Serxio Barral Álvarez
Serxio Barral PONTEVEDRA LA VOZ

PONTEVEDRA

Fernández Lores, durante su comparecencia este miércoles en la que anunció la contratación de  CSS Abogados
Fernández Lores, durante su comparecencia este miércoles en la que anunció la contratación de CSS Abogados CONCELLO DE PONTEVEDRA

El despacho de Francisco Camaño y Ángel Juanes presentará el incidente de nulidad y el recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la sentencia que avala que la pastera siga en la ría

15 sep 2023 . Actualizado a las 13:21 h.

El que fuera ministro de Justicia durante el Gobierno de Zapatero, Francisco Caamaño, y un exvicepresidente del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes Peces, forman parte del gabinete  jurídico contratado por el Concello de Pontevedra para tratar de revertir la sentencia que avala la permanencia de Ence en la ría.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), anunció este miércoles la contratación del bufete CSS Abogados, que defenderá los intereses del Concello para seguir dando la batalla judicial para que Ence abandone su actual emplazamiento. «Para nós, recuperar a ría é un asunto o suficientemente trascendente como para xustificar esta contratación, e xa dixemos que imos en serio, que loitaríamos por terra mar a aire», señaló Lores, que recordó que no es la primera vez que una Administración contrata servicios externos para defender sus intereses. «Os recursos diante do Constitucional son trámites complexos que precisan de xente experimentada. Confiamos plenamente nos servizos xuridicos do Concello, e foi o noso gabinete quen recomendou a contratación dun despacho especializado», continuó Lores.

Francisco Caamaño, exministro de Justicia, contratado por el Concello de Pontevedra para recurrir la sentencia de Ence
Francisco Caamaño, exministro de Justicia, contratado por el Concello de Pontevedra para recurrir la sentencia de Ence ANGEL MANSO

El alcalde concretó también la minuta que cobrará este despacho jurídico: 8.500 euros más IVA por la presentación del incidente de nulidad anunciado hace unos días para que el proceso vuelva a la Audiencia Nacional; y 18.000 euros más IVA para presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El equipo de CSS abogados que llevará estos asuntos estará coordinado por Francisco Caamaño, y además de Juanes Peces formarán parte del mismo Almudena Fernández Carballa, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña; y Ángel Judel Pereira y David Rodríguez Fidalgo, especialistas en Derecho Administrativo. CSS Abogados tiene en plantilla a 70 profesionales.

Ángel Juanes, expresidente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, contratado por el Concello de Pontevedra para recurrir la sentencia de Ence
Ángel Juanes, expresidente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, contratado por el Concello de Pontevedra para recurrir la sentencia de Ence PACO RODRÍGUEZ

Desde el CSS Abogados habrían trasladado ya al Concello, según explicó Lores, que tras analizar la sentencia del Supremo y especialmente el voto particular de la magistrada Ángeles Huet, «creen que hai  partido» y que es posible revertir el fallo que permite a Ence permanecer en Lourizán hasta 2073. «Asumen o encargo coma un reto», aseguró el alcalde. En ámbito jurídicos se describe al bufete contratado por el Concello de Pontevedra como especializado en incumplimientos normativos cometidos por grandes corporaciones.

Además del recurso que planteará el Concello de Pontevedra, Greenpeace ya anunció hace unos días su intención de acudir al Constitucional para tratar de revertir la sentencia del Supremo sobre el futuro de Ence.

El PP ve «inadmisible» el gasto

Por su parte, el portavoz de la oposición municipal, Rafa Domínguez (PP), reaccionó al anuncio de la contratación del equipo jurídico externo por parte del Concello de Pontevedra: «Le pido a Lores que si quiere gastarse más de 30.000 euros en un recurso lo haga con su dinero, no con el de todos los pontevedreses. Es inadmisible que se quiera gastar dinero de todos los pontevedreses en intentar acabar con cientos y cientos de puestos de trabajo en Pontevedra».