Trabajadores de Ence apretaron al presidente Sánchez en A Toxa. Mientras, Monte Porreiro respira aliviado tras derrotar al proyecto de peatonalización
03 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Quim Torra, cuando aún era presidente de la Generalitat, acuñó en un discurso aquella frase «Apreteu, apreteu, i feu bé d’apretar» («Apretad, apretad, hacéis bien en apretar») dirigiéndose a los CDR, en el primer cabo de año del 1 de octubre. Un mensaje que también viajó muchos kilómetros más, desde Sant Juliá de Ramis hasta La Moncloa. Era 2018, en plena tensión por las condenas a los líderes de la secesión, con las calles de Barcelona hechas un escenario de guerrilla urbana entre la muchachada «indepe» y las fuerzas de seguridad. Desde entonces, han cambiado algo las cosas en Cataluña y en la política española, aunque el problema de fondo con los partidarios de la autodeterminación, sigue siendo el mismo.
Tres años más tarde, en otro 1 de octubre y con el mismo presidente del Gobierno como destinatario del mensaje, trabajadores de una de las 35 empresas más importantes del país, que forma parte del índice selectivo de la Bolsa, acudieron hasta la isla de A Toxa aprovechando la asistencia de Pedro Sánchez al Foro Vínculo Atlántico. Quisieron hacerle llegar su malestar con la decisión del Consejo de Ministros de abandonarles a su suerte en el proceso judicial y administrativo que aún queda por delante para solventar el futuro de Ence. Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas, no pudo tener siquiera un breve encuentro, «de un par de minutos», con Sánchez. Pero al menos se hicieron notar. Y lograron entregar a personas del séquito presidencial el manifiesto a favor de la fábrica; el mismo documento que intentaron que recibiese la vicepresidenta Nadia Calviño quien, pese a su condición de gallega, no les atendió tampoco en persona, sino que delegó en su jefa de gabinete.
Sin embargo, estoy seguro que después de estas movilizaciones, no tardará mucho en convocarse por la ministra Teresa Ribera, la tercera reunión de la mesa de negociación, que se ha vuelto a atascar.
Asunto judicializado
Como con los indultos a Oriol Junqueras y demás condenados por el «procés», también en el caso de la prórroga de la pastera, la decisión del Gobierno de la nación de ordenar a la Abogacía del Estado plegarse, con el correspondiente allanamiento, es considerada por los trabajadores de Ence como un giro determinante del asunto en su curso judicial. Fue Pedro Sánchez quien decidió no defender anteriores decisiones del Gobierno de la nación, en virtud de los pactos que le sostienen.
Pero el asunto seguirá judicializado. Esta semana supimos que tanto Ence como la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, los comités de trabajadores, tanto de fábrica como de oficinas de Ence Pontevedra, y otros operadores afectados, plantean hasta siete recursos contra el fallo de la Audiencia Nacional que invalidó la prórroga que dio el Gobierno de Mariano Rajoy. Nos aguardan quizá hasta tres años de espera para saber que resuelve el Tribunal Supremo, al que apelan.
Vía alternativa
Mientras, se ha confirmado una vía alternativa que la empresa pastera y la Xunta de Galicia, con el apoyo de la Autoridad Portuaria, han decidido explorar para buscar una «legalización» del actual asentamiento en Lourizán: adscribir la titularidad de los terrenos que ocupa a la competencia del Puerto lo que precisaría de la complicidad (muy improbable) del Ministerio de Transición Ecológica.
Esta vía permitiría salvaguardar a la fábrica de celulosa de las restricciones de la Ley de Costas que actualmente asfixian su futuro, lo que posibilitaría acogerse a una legislación más tolerante con su continuidad. Un escenario contra el que ya ha advertido que batallará el Concello de Pontevedra.
Monte Porreiro, con contención
Monte Porreiro celebra, con contención, la derrota que la movilización vecinal infligió al gobierno municipal de Pontevedra, al que ha obligado a desistir del proyecto de peatonalización de la calle Alemania. La semana pasada escribíamos de ello y decíamos aquello de que «Monte Porreiro es mucho Monte Porreiro», a la vista de la respuesta vecinal que tuvo la manifestación del pasado 24 de septiembre. Al día siguiente, el Concello enarbolaba la bandera blanca de rendición.
Al final, la presión vecinal ha hecho desistir al gabinete del alcalde Miguel Fernández Lores de la pretendida exportación del «modelo de cidade» que no contaba con apoyo de los residentes de la urbanización, pues fue en todo momento una imposición del concejal de Obras, Demetrio Gómez, quien sigue actuando como el «brazo armado del Concello». Por cierto, un desistimiento coaligado, aunque pareciese que el sector PSOE se hubiera desmarcado antes.
La urbanización que reúne a más de 8.000 residentes (léase votantes) respira aliviada por haber logrado parar una peatonalización no solicitada ni querida. Como ya ocurrió antes con el plan del compostaje, la urbanización ha frenado las pretensiones expansionistas del Concello.
Siguiendo con los símiles con el conflicto catalán, decía hace pocos días el diputado Gabriel Rufián, en alusión a las necesidades de apoyo de los suyos al Gobierno de Sánchez, que «el voto de Esquerra Republicana, habrá que sudarlo». Pues bien, tengo la sensación de que el vecindario de Monte Porreiro, a la vista de lo manifestado por los portavoces de la AAVV O Mirador, tiene la impresión de que el gobierno de Fernández Lores les va a hacer sudar las mejoras en la urbanización que demandan, en contraposición a los bolardos que rechazaron.