Trepidante arranque del 2020

El acuerdo BNG-PSOE incluye los asuntos Ence, Elnosa, la rebaja de peajes en la AP-9 y el nudo de Bomberos en la agenda del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez


El 2020 empieza con una efervescencia informativa impresionante, ya que en la primera semana del año podemos asistir a la investidura del presidente del Gobierno en la segunda votación, pasado mañana martes, en el Congreso de la Nación. El posible desbloqueo de la situación política proyecta la primera coordenada informativa que podemos vislumbrar para este nuevo año, pues sus efectos irradiarán también en clave pontevedresa.

Después de muchos meses de zozobra, los acontecimientos se precipitaron en cascada en las últimas semanas. De modo trepidante desde el viernes tarde, cuando el PSOE terminó de atar los apoyos para investir a Pedro Sánchez con 167 votos a favor. El último acuerdo se firmó con el diputado coruñés Néstor Rego, único parlamentario estatal del BNG, que votará a favor del candidato socialista en función del acuerdo pactado y firmado.

El Bloque se sumó al sí a Pedro Sánchez a cambio de que el PSOE haya asumido lo que el partido nacionalista definió como «axenda galega», que incluye como asunto estelar la exigencia al futuro gobierno de medidas que congelen las subidas de peajes en la Autopista del Atlántico, bonificaciones a los usuarios recurrentes y que se materialice su transferencia a la Xunta de Galicia en este mismo año.

«Axenda pontevedresa»

Pero en el texto del documento rubricado por Adriana Lastra y Ana Pontón hay tres cláusulas específicas que podemos definir como la cuota pontevedresa que el BNG incluyó como exigencias al PSOE dentro de la denominada «axenda galega». A saber: la realización del proyectado nudo de Bomberos como uno de los compromisos de infraestructuras básicas a ejecutar; la exigencia a Elnosa de que revertirá los terrenos que ocupó en Lourizán en este 2020, con plena garantía de limpieza y recuperación; y por último, Ence. En lo tocante a la pastera, el acuerdo reza textualmente: «El Gobierno se manifiesta a favor del traslado de la planta de Ence a otro enclave más adecuado medioambientalmente en Galicia, a través de una fórmula que permita mantener el empleo».

La redacción de esta última cláusula refleja que el BNG cedió en su posición habitualmente más drástica del «peche xa» y que el PSOE le coló el compromiso del traslado en Galicia y el mantenimiento del empleo. Dos premisas que son más literarias que realistas pero evidencian una suavización del mensaje.

Obsérvese que ni una línea de que el Gobierno de Sánchez e Iglesias vayan a revertir la prórroga que el Gobierno de Rajoy otorgó a la pastera en el 2016. De modo que el gesto que aguardaba el alcalde de Pontevedra Miguel Fernández Lores de este futuro Gobierno de la Nación no se va a producir y la suerte de este contencioso se dilucidará principalmente en los tribunales.

A pesar de ese matiz, los escépticos deberán admitir que Lores sigue influyendo mucho dentro del BNG y la inclusión de estas tres demandas en el acuerdo firmado entre Pontón y Lastra, así lo evidencia y me remito a lo escrito en esta misma contraportada hace unas semanas.

Gobiernos municipales encabezados por alcaldes socialistas o participados por concejales del PSOE en concellos por los que discurre la AP-9 han iniciado una campaña de oposición pública a la última subida de peajes. Olvidando -intencionadamente- que ministros como Pepe Blanco también han firmado convenios con Audasa para el incremento de precios como también hicieron Álvarez Cascos o Ana Pastor.

El movimiento lo desencadenó la junta de gobierno coaligado de Pontevedra, que en su reunión del pasado lunes 30 conceptuó como «agravio comparativo» el precio de 4 euros en cada trayecto entre la capital y Vigo. Siguió a Pontevedra el vigués Abel Caballero, presidente de la FEMP y se han sumado Alberto Varela, edil de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, y otros regidores pontevedreses como Digna Rivas (Redondela) o Enrique Cabaleiro (Tui). El movimiento de los munícipes socialistas pretende evitar que solo sea el BNG quien pudiera rentabilizar en un futuro cualquier rebaja que otorgue el Gobierno de la Nación. Un futuro concreto que tiene fecha por dilucidarse. Una ecuación que solo tiene en su cabeza despejar Alberto Núñez Feijoo, cuando decida la fecha de las próximas elecciones gallegas que tendremos a lo largo del 2020.

En febrero tendremos otro flanco: el juicio contra Audasa por el cobro, supuestamente indebido, de peajes durante los atascos por las obras de ampliación de Rande. Una causa que se ventilará en el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra. Su titular, Manuel Marquina, sentará jurisprudencia, sea cual sea la sentencia que dicte por la demanda colectiva de la Fiscalía contra la concesionaria de la Autopista del Atlántico en un hecho inédito en la reciente historia judicial española.

La clave del pleito es que la concesionaria que explota un negocio millonario que factura 16.000 euros cada hora, mantuvo incólume el cobro de peajes en el tramo Pontevedra-Vigo durante tres años pese al tremendo impacto de las obras de los nuevos carriles en el puente de Rande. La demanda plantea que Audasa, que ingresó sin pestañear, desde febrero de 2015 a junio de 2018, del orden de 90 millones de euros en peajes, devuelva solo del orden de 700.000 euros por cobro indebido como consecuencia de los perjuicios que ocasionaron las obras.

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