Ence: otra tormenta virtual, pero cara

Un gobierno prácticamente en funciones pone en jaque lo decidido tres años antes por otro gobierno en funciones mientras las acciones de la pastera se desploman


Pongamos en contexto el asunto: un Gobierno de la nación en funciones, formado por el PP y presidido por Mariano Rajoy, acordó en 2016 otorgar la prórroga por 60 años más a Ence para continuar en Lourizán. Tres años después otro Gobierno de la nación prácticamente en funciones (no lo está formalmente pero tiene fecha de caducidad con las elecciones ya convocadas), presidido por Pedro Sánchez, acaba de decidir que no defenderá la decisión que tomó su predecesor cuando hayan de celebrarse los juicios pendientes. Porque -no lo olviden- este asunto donde se va a sustanciar será ante un tribunal. Será la Audiencia Nacional la que habrá de pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo que tomó el gabinete de Rajoy facultando a Ence a seguir en el asentamiento actual hasta 2073. Lo que acaba de hacer el gabinete de Sánchez es ordenar a la representación jurídica que actúa por orden del Gobierno, es decir la Abogacía del Estado, que se abstenga de defender los postulados antes había utilizado para fundamentar aquella decisión. Eso es, de manera simple, lo que significa que la Abogacía del Estado «se allane» en este procedimiento.

Trompazo bursátil

La importancia de la decisión que acaba de tomar el Gobierno ha sido tremenda económicamente. Hechos consumados: una de las empresas del selecto IBEX 35 se ha pegado un trompazo tremendo al perder 158 millones de euros, consecuencia del desplome de la cotización bursátil de las acciones de Ence entre el jueves y el viernes.

No obstante, en lo político no hay nada definitivo. Cualquiera sabe que el resultado del 28 de abril puede propiciar diferentes escenarios: uno igual de disparatado que el actual; otro en el que Sánchez pudiera tener más margen de escaños y posibles estribos para negociar un gobierno; o bien otro radicalmente distinto, antípoda, si llega a prosperar un posible tripartito PP-C´s-Vox como pasó en Andalucía.

Si siguiera Sánchez, el cerco a Ence podría tener continuidad. Pero en cambio seria esperable que un hipotético Gobierno presidido por Pablo Casado o Albert Rivera, destejiera lo que acaba de ocurrir y contraordenase a la Abogacía del Estado.

Al rebufo del ruido originado estamos asistiendo a una catarata de reacciones y postulados espoleados por las cercanas citas electorales. Cada cual está aprovechando para construirse un discurso a rentabilizar. Su propio relato.

Tufillo electoral

El PSOE vende una decisión que tardó tanto meses en tomar y cuyo tufillo electoral resulta inocultable. ¿Por qué ahora y no antes? Tino Fernández ya aprovecha para insistir en la pretendida «mesa de negociación» que los socialistas postulan desde que Sánchez alcanzó La Moncloa. Un «desideratum» que íntimamente saben irrealizable máxime cuando atribuyen la responsabilidad de convocarla al actual alcalde de Pontevedra.

Miguel Fernández Lores y el BNG están en su discurso del que no se han apeado en lustros. El pleito que deberá sustanciar la Audiencia Nacional procede del férreo rechazo del Concello a la continuidad de Ence. Ahora asiste con «satisfacción moderada» a la decisión del Gobierno. En el fondo no se fían un ápice ni descuidan que después del 28A, la situación política del país puede cambiar todo. Aunque los nacionalistas seguirán impertérritos: «non é non».

El PP consigue una trinchera desde la que intentará sacar máxima rentabilidad. Tanto Alberto Núñez Feijoo como Rafa Domínguez encañonan al PSOE y al Bloque. El presidente de la Xunta ya ha puesto este tema en «el eje de la campaña» del PP gallego tanto en generales como en comicios locales. Por su parte el candidato popular a la alcaldía persigue responsabilizar a Lores de lo que llamó «puñalada trapera a las 5.100 familias que dependen de Ence». La acusación de Domínguez no deja de ser truculenta pues la decisión de que la Abogacía del Estado se allane debe imputarse solo al PSOE, no al BNG, independientemente de la cerrazón de Lores con la pastera.

Y finalmente queda la empresa. Ence ha activado los mecanismos para una defensa a ultranza. Autoridad Portuaria, empresas auxiliares y sector maderero ya han salido a alertar del riesgo económico para el PIB gallego que supondría la pérdida de Ence Una pérdida que incluso la empresa ha cifrado en 185 millones de euros en una comunicación a la CNMV en la que, sin embargo, admitía como «improbable» el cierre sin alternativas de la fábrica de Lourizán.

Despreocupación ciudadana

Pese a todo lo escrito y dicho sobre este nuevo giro del «eterno» tema de Pontevedra, hay un dato insoslayable que quiero recordarles: en el imaginario ciudadano, Ence dejó de ser desde hace años, un tema importante. En los dos últimos sondeos realizados en esta ciudad por la empresa Sondaxe para La Voz de Galicia, la presencia de la celulosa y su continuidad no está entre los diez asuntos que más preocupaban a la población. En el último, el sondeo de febrero, figuraba en el lugar 16. Probablemente se deba a que cundió una resignación realista más que una aceptación entre la ciudadanía. Sea como fuere, una vez más tengo la sensación de que estamos asistiendo a una tormenta virtual, protagonizada por políticos, organizaciones ecologistas y la propia pastera a través de los medios informativos. Pero el público, está a otras cosas.

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