Corría febrero de 1994, y una polémica rodeaba a la pontevedresa plaza de Barcelos, un espacio en el que el Concello pretendía afrontar una profunda reforma. Por aquel entonces, los herederos de Manuel Vidal Boullosa defendían que los terrenos en los que se asienta la plaza era de su propiedad. Pese a que el asunto se dirimió en los tribunales y por aquel entonces los sucesivos recursos habían llegado al Supremo -dos sentencias previas habían dado la razón al Concello- desde el gobierno local se decidió no esperar por la resolución del alto Tribunal. Según relataba La Voz aquel 27 de febrero de 1994 «el Ayuntamiento de Pontevedra no esperará a que el Supremo resuelva el litigio de la propiedad de los terrenos de Barcelos para acometer la reforma de la plaza y la construcción de un aparcamiento subterráneo». Esa misma semana, la comisión municipal de Urbanismo sometía a revisión el proyecto del párking. La Justicia acabó ratificando que el terreno era municipal.