«La sospecha inicial (...) siempre se ha dirigido contra su compañero»
06 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Medio año después de que el juzgado hubiese archivado provisionalmente la investigación por la desaparición de Sonia Iglesias, acaba de trascender que la Fiscalía de Pontevedra asume, ya no solo que las pruebas eran escasas, sino «la insuficiencia de las mismas para sostener una acusación pública contra el [por entonces] único imputado». El informe del ministerio público incluido en su memoria anual refiere, no obstante, que se trató «de agotar la más mínima posibilidad».
Así, se alude a que, tras practicarse todas las declaraciones testificales posibles, la jueza instructora rechazó tanto «la búsqueda de restos humanos con un geo radar, solicitada por la acusación particular», como el test de la verdad instado desde el ministerio público. Si la primera petición era demasiado genérica y abarcaba un territorio tan amplio del Monte Castrove «que haría imposible la práctica de la misma», la segunda se consideró por parte de la instructora que podría vulnerar los derechos fundamentales del compañero sentimental de la pontevedresa.
En todo caso, a la hora de solicitar la prueba P-300 o de estudio de potencial evocado cognitivo, desde el ministerio público capitalino «se interesó el oficio a la Gerencia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza para que autorizase el uso del aparato de electroencefalografía EEG del Servicio de Neurofisiología Clínica». El objetivo, tal y como se reconoce en la memoria de la Fiscalía, analizar «la reacción de la actividad electrofisiológica del imputado ante diversos estímulos relacionados con esta investigación».
La decisión de la magistrada, corroborada por la Audiencia Provincial, ha puesto coto a esta posibilidad, si bien hay que tener en cuenta que, en el momento de redactarse el informe relativo al caso Sonia Iglesias, aún no se había confirmado el sobreseimiento provisional de la causa.
En este documento, y tras referirse que fue la pareja de la pontevedresa quien denunció su desaparición el 18 de agosto del 2010, la Fiscalía reconoce que «la sospecha inicial, mantenida en el tiempo, siempre se ha dirigido contra su compañero sentimental» y padre de su hijo. En la actualidad, y después del dictamen de abril, no pesa ningún tipo de imputación sobre este último.
En cuanto a la situación del procedimiento judicial, este se encuentra en una suerte de limbo a la espera de que la policía aporte nuevas pruebas o indicios que permitan reabrirlo. Entre los allegados y amigos de Sonia se incide en que, aunque tienen pocas esperanzas de que su desaparición se esclarezca algún día, siempre se ha confiado en la profesionalidad de los investigadores. Más de uno hizo referencia estos días a la resolución del asesinato de Eva Blanco, un crimen que se produjo en la localidad madrileña de Algete en abril de 1997 y que acaba de ser cerrado por la Guardia Civil, dieciocho años después de haberse producido, con la detención de un sospechoso en Francia.