El Arzobispado de Santiago se pone de perfil ante las denuncias de las funerarias, recrudecidas a raíz del episodio protagonizado por el cura de Lérez
07 mar 2015 . Actualizado a las 20:01 h.El Papa Francisco imbuye, desde su llegada a la silla de Pedro, una corriente de aire fresco, muy necesaria en una Iglesia Católica con mucha necesidad de ventilarse. Pero esa brisa renovadora tarda en llegar desde El Vaticano hasta, por ejemplo, Lérez.
María Teresa Abollo y demás familiares del difunto que hace ocho días no recibió del sacerdote Crisanto Gil los oficios religiosos que aguardaban en el tanatorio, esperan en sentido inverso. Desean que el Sumo Pontífice se entere de la actitud del párroco de San Benitiño a quien acusan de infligirles un daño tan innecesario como irreparable.
A raíz del episodio, hemos conocido que no son uno, ni dos, sino numerosos los curas que se niegan a facturar sus servicios a las empresas que han cobrado durante años un seguro de decesos al finado y a cuyos familiares habrán de rendir cuentas.
¿A qué se debe semejante negativa de los presbíteros? ¿Acaso pretenden un trato fiscal diferente al resto de nosotros bajo el pretexto de que no son empresas y por tanto no han de facturar? ¿Cómo es que esa actitud tan aparentemente opaca ante el fisco se da entre sacerdotes de avanzada edad y en cambio es inexistente entre curas jóvenes? ¿No tendrá que ver con que cobran pensiones de jubilación y por tanto quieren distraerle a Montoro y su cuerpo de inspectores, esos eurillos que entran en el peto?
La Voz de Galicia publicó hace meses una información de nuestro colega Carlos Punzón, que desvelaba que podríamos estar hablando de un monto de casi siete millones de euros que se distraen al año de la atención de Hacienda en toda la comunidad autónoma, según estimación aportada por las empresas del sector.
El Arzobispo Julián Barrio sabe de estos asuntos desde junio del 2014 cuando varias funerarias le participaron sus quejas contra diversos sacerdotes que solo quieren cobrar en efectivo y sin justificante (vamos, en B de toda la vida).
No hubo reacción de la archidiócesis. Ahora nos acabamos de enterar, nueve meses más tarde, que el prelado aplicó la táctica del frontón y le devolvió las quejas a los remitentes con un argumento peregrino.
Más allá de las diferencias económicas que el sacerdote citado y una o varias funerarias pontevedresas sostengan por el medio de pago de los servicios eclesiásticos a difuntos; al margen del mayor respaldo que el párroco en cuestión reciba del Arzobispado compostelano en sus cuitas con las empresas citadas; es inaceptable que un ministro de Dios se comporte de modo tan anticristiano.
Me pregunto si detrás de lo que me parece una barricada artificiosa levantada por el prelado y el resto de la curia episcopal, admiten y respaldan que un clérigo se niegue a acudir a oficiar las exequias fúnebres de un feligrés. Y que su negativa por causa de cómo se habría de pagar sus servicios, origine una dramática búsqueda y traslado del finado y demás comitiva hasta dar con un cura de Caldas de Reis que se avino a oficiar.
Espero que esos sacerdotes con preocupaciones tan terrenales, hallen su penitencia en la crítica pública que merecen tales comportamientos.
Reapertura entre las cenizas
La reapertura exprés del Area de Servicio Placeres después del tremendo incendio del miércoles que afectó gravemente parte de sus instalaciones, nos ha movido a muchos a un estado de perplejidad. Especialmente a los vecinos que habitan en el entorno a los que no se les ha quitado el susto todavía. No dan crédito que hayan pasado de ser víctimas potenciales a grandes olvidados.
Y esos vecinos y también muchos ciudadanos nos preguntamos: ¿Quién ha autorizado, qué organismo oficial garantiza que la instalación está en regla y cumple con las medidas de seguridad exigibles? ¿Dónde están los informes que avalen que un establecimiento reanude la venta de carburante y otros servicios complementarios, a las 20 horas de sufrir un pavoroso siniestro que levantó tal alarma? ¿Ha sido el Concello, la Consellería de Industria, la Subdelegación del Gobierno?
Es muy chocante que se restaure la actividad mientras los Bomberos y la Policía Científica aún estaban tomando información sobre el terreno para la investigación en marcha.
¿Quién autoriza que la gasolinera vuelva a tener abastecimiento eléctrico mediante un generador como el que ardió el miércoles? ¿Acaso hay ahora los hidrantes que hace dos días brillaban por su ausencia y complicaron las tareas de extinción de los Bomberos? ¿A quién interesa que un negocio que se halla en concurso de acreedores desde octubre de 2014, reanude la actividad en lo que parece un claro afán recaudatorio ajeno a observar una mejora previa de las condiciones de seguridad?