El anunciado cierre de los quioscos sorprende a los trabajadores que ahora pretenden asumir la gestión con apoyo del administrador concursal y del Concello de Pontevedra
02 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.De una institución como Cogami, de la que depende un entramado de empresas que fomentan la inserción laboral de personas con discapacidad, con el notorio apoyo económico de diferentes Administraciones, no cabía esperar unas formas tan desafortunadas. No son maneras de anunciar el cierre de los quioscos de venta de prensa y otros productos que explotaba en toda Galicia. En la ciudad de Pontevedra, cuatro de ellos (cinco si contamos el que está pendiente de estrenar en plaza Barcelos).
Los once trabajadores de esos establecimientos en nuestra ciudad se enteraron entre el miércoles y el jueves, por la prensa, de la decisión patronal de instar concurso voluntario de acreedores. Y con ellos, su clientela.
Se alega una bajada del 30 % en la facturación, con unas pérdidas acumuladas de 700.000 euros en los últimos cuatro años, lo que conduce a una inminente e irreversible insolvencia.
Tal explicación oficial fue argumentada por Rede Galega de Kioscos (RGK), una sociedad limitada que forma parte del grupo de empresas que maneja la Confederación Galega de Personas con Discapacidad (Cogami). Alrededor de una decena que se desenvuelven en sectores como textil, alimentación, artes gráficas, medio ambiente y nuevas tecnologías.
A tal fin, la confederación vehicula su participación a través de la firma Gallega de Economía Social, que también está participada por la Xunta a través de XesGalicia y anteriormente por NovaGalicia Banco.
Pues bien, es Rede Galega de Kioscos SL quien insta la concursal después de haber explotado durante más de tres lustros una red de quioscos por toda Galicia que han competido en condiciones muy favorables respecto al resto del sector.
Por su finalidad de integración sociolaboral se beneficiaron de ayudas públicas de todo tipo que mejoraban su competitividad. No solo por las subvenciones directas de las Administraciones, sino también por descuentos fiscales y en cotizaciones sociales, así como ventajas en la consecución de cesiones municipales (los quioscos están en suelo público y en ubicaciones céntricas).
Sin embargo, los trabajadores estaban contratados por el salario mínimo interprofesional (645 euros) pese a ser el argumento para justificar la labor de integración laboral de la empresa.
Antecedentes y denuncias
Lo ocurrido esta semana se veía venir, lamentablemente, como coinciden diversos observadores consultados. Si rebuscan un poco en Internet, hallarán antecedentes de trabajadores despedidos y sustituciones por personal temporal (¿subvencionado?) que motivaron denuncias que Cogami y RGK intentaron disipar hace un año alegando «cambios en la organización para redimensionar los recursos humanos».
Reajustes de plantilla que se acompañaron del cierre anticipado de quioscos en localidades como Silleda y A Estrada. José López, alcalde del PP en el concello estradense ya dijo entonces que las formas de Rede Galega de Kioskos «no se ajustan moralmente a lo que cabía esperar de una empresa de economía social apoyada por las Administraciones públicas».
En Pontevedra, aguardo del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y su gabinete una respuesta adecuada. El Concello de Pontevedra, que tanto apoya a Cogami, deberá procurar el rescate del servicio de los quioscos facilitando a los trabajadores actuales que accedan a su futura explotación mediante las fórmulas legales necesarias. Sea una cooperativa u otras formas.