Las sorprendentes multas a conductores impuestas en el Concello de Poio por girar el cuello se inscriben en la incipiente voracidad recaudatoria de las administraciones
27 may 2014 . Actualizado a las 14:01 h.Multar por un simple giro de cuello a media docena de conductores que observaron un radar móvil. Determinar que procede sancionar económicamente a seis personas porque ese escorzo superaba los 45 grados y entrañó riesgo para la seguridad vial, es un absurdo más. Solo posible en este sistema disparatado que vivimos en España. Es un ejemplo más de un país en el que la Administración ahoga a los administrados como los señores feudales exprimieron a los plebeyos en otros tiempos.
Para sancionar hay que tipificar. La Ley de Seguridad Vial obliga a mantener la atención del conductor en las condiciones de la vía, lo que implica también prevenir y reaccionar ante un imprevisto. Por ejemplo, un crío que arranca detrás de un balón que entra botando en la carretera. ¿Habría giro de cuello? ¿Superior a 45 grados? ¿Pondría en riesgo a terceros?
En este caso de las multas en Poio -como en otros de aparente abuso de poder- se parte de un desequilibrio manifiesto: la palabra del policía municipal es prueba de cargo. No hay fotografía; no hay notificación en el acto y el testimonio del conductor no se toma ni en consideración. Primero se multa. Se envía la receta al ciudadano en cuestión y se ofrece el pago atenuado, con la reducción al 50 %. En esta situación, los sancionados deberán abonar 50 euros.
Algunos ya han decidido pagar, derrotados de antemano por la evidente desigualdad en que se encuentran. Si quieren recurrir por la vía judicial -porque ya partimos de que el Concello de Poio no tomará en consideración la primera reclamación- deberán afrontar el pago de una tasa judicial de 50 euros (por obra y gracia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón) para entablar un procedimiento abreviado contencioso.
El coste se encarece
Partiendo de que te enfrentas a una administración pública que juega con la ventaja de disponer de letrado propio, de presupuesto ilimitado y de todo el tiempo del mundo para alargar el pleito, el ciudadano sancionado debe contar con que ante una posible primera sentencia en contra, deberá acudir al juzgado de instrucción y probablemente continuar en siguientes instancias judiciales que irán encareciendo el coste de la litis. 200 euros, 500 euros?
¿Quién se atreve a emprender ese tortuoso, agotador y caro combate contra una administración? Difícil. Y por tanto, se consuma el propósito que finalmente no es otro más que la recaudación.
Por cierto, me preocupa el cinismo de nuestros gobernantes. Sean del color que sean, al final sólo importa la pasta. Aquí y acullá.
Luciano Sobral, regidor del BNG en Poio, realizó una pirueta verbal para no mover ni un dedo en este asunto que ha llevado a su municipio a ser noticia nacional por la peculiaridad de tales multas. El primer edil poiense asegura compartir la sorpresa, anuncia una investigación que se percibe como un paripé, para meterse en tablas y aferrarse a que las sanciones son ajustadas a la legalidad.
El doble de recaudación
Les doy un dato muy importante y esclarecedor para la cuestión que nos ocupa: el Concello de Poio duplicó entre el 2012 y el 2013 los ingresos por multas de tráfico. De 60.000 a 120.000 euros. Cuando concluya el ejercicio en curso gracias a chorreos como el del pasado Viernes Santo en la Avenida dos Encoirados (carretera PO-308) seguro que se mantiene esa progresión.