El ministerio público se querella contra los que considera son meros testaferros y los «verdaderos propietarios» de la empresa pontevedresa
25 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Un posible delito contra la Hacienda Pública es el cargo que aparece reflejado en la querella que la Fiscalía de Pontevedra ha interpuesto contra la constructora pontevedresa Gómez Bodaño. La misma se dirige no solo hacia la sociedad empresarial, sino también hacia cinco pontevedreses a los que el ministerio público identifica o bien como «meros testaferros» o como «los verdaderos propietarios de la sociedad».
Estos por el momento no están imputados, lo que explica que en el escrito del fiscal se solicite, no solo la incorporación al procedimiento del informe de la Agencia Tributaria que dio origen a esta investigación, sino que se tome declaración a los sospechosos en calidad de imputados.
Las peticiones cautelares del ministerio público no se detienen ahí. De hecho, insta al juzgado que asuma la instrucción de esta causa que «se requiera a los querellados para que presten fianza suficiente para cubrir las responsabilidades civiles (cuota tributaria e intereses) y las posibles multas a imponer». Añade que, en el supuesto de que no se cubran tales cantidades, «se embarguen bienes suficientes».
En cuanto al supuesto delito, el fiscal refiere que el mismo se correspondería con el ejercicio del 2012, en el que Gómez Bodaño presentó declaraciones del IVA, autoliquidaciones trimestrales correspondientes a los tres primeros trimestres con resultado negativo y «no presentó declaración-resumen anual». «No obstante la ausencia de declaración por la obligada tributaria de cuotas de IVA devengadas -según se recoge en la querella-, lo cierto es que la misma realizó» una serie de operaciones comerciales.
El supuesto fraude
En este punto, se alude a tres ventas de inmuebles y a la emisión de unas facturas. A la vista de estos datos, y aplicando las deducciones del impuesto, el fiscal de delitos económicos de Pontevedra llega a la conclusión de que «la cuota defraudada por la obligada tributaria por el impuesto del IVA (...) ascendería a la cantidad de 142.076,05 euros».
Piden que presten fianza para cubrir
eventuales multas e indemnizaciones a Hacienda
La acusación cifra en 142.076 euros el supuesto fraude a la Agencia Tributaria