El Concello seguirá con los trámites tras el dictamen de Patrimonio
06 ene 2013 . Actualizado a las 06:55 h.La Comisión Territorial de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura, acaba de dictaminar favorablemente el estudio técnico para el derribo del edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real de Caldas de Reis. Fuentes del departamento de la Xunta explicaron que se da luz verde para dar cumplimiento a una sentencia, por lo que matizaron que «calquera actuación que exceda o ámbito da resolución xudicial deberá ir de novo á Comisión Territorial».
El visto bueno de Patrimonio al derribo parcial del inmueble por parte del Ayuntamiento supone un capítulo más en el conflicto urbanístico y judicial abierto hace más de diez años. A preguntas de La Voz, el alcalde, el socialista Juan Manuel Rey, comentó que tras el dictamen de Patrimonio habrá que seguir dando «pasos hacia adelante» para cumplir con la resolución judicial. Aunque los costes de la demolición no se han hecho públicos, el equipo de gobierno tendrá que incluir una partida en los presupuestos del 2013.
Al margen del montante económico, la mayor dificultad radica en la complejidad técnica de la obra, que afecta a espacios comunes del edificio como el ascensor, las escaleras, el sótano, ocho trasteros y dos plazas de aparcamiento, entre otras zonas.
El caso, que heredó el actual regidor de su predecesor, José María Tobío, se remonta al 2002 y partió de una denuncia de un particular lindante de la calle Real. El 19 de febrero de ese año una sentencia anulaba la licencia otorgada por la comisión de gobierno del Concello a la empresa Promotora Caldense SL por haber incumplido la normativa del fondo edificable. Según el fallo, se permitió un inmueble con un fondo de 21,85 metros por la calle Real y de 32 por la de Porto do Río, cuando las normas subsidiarias municipales prevén para estos viales un fondo de 14 y 24 metros, respectivamente.
Tanto Rey como antes hizo Tobío se escudan en que la licencia se concedió con todos los informes técnicos favorables, por lo que entienden que no existió «responsabilidad política». El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra lleva varios años instando la ejecución de la sentencia, trámite para el que el Concello solicitó una aclaración. En ese tira y afloja se interpusieron varias multas coercitivas, primero a Tobío y después a Rey -que es alcalde de Caldas desde diciembre del 2006-, al entender el juzgado que estaban dilatando el derribo.