En el 2011, 209 firmas se vieron obligadas a pedir concurso de acreedores
01 abr 2012 . Actualizado a las 09:15 h.En apenas cinco años, las empresas que se acogen en Pontevedra a la Ley Concursal para tratar de capear la coyuntura económica han quintuplicado a las que acudían a este procedimiento judicial antes de que comenzara la crisis económica. Así lo ponen de manifiesto los datos del Consejo General del Poder Judicial, en los que se reflejan que en el 2011 se alcanzó una cifra récord o histórica en lo que se refiere a los concursos de acreedores -los casos de familias que se acogen a este tipo de solución aún son simbólicos-.
Los 209 procesos que se tramitaron en las Rías Baixas son una cifra que apenas supone un ligero aumento con respecto a la del año anterior -el 2010 se cerró con doscientos procesos de estas características-, pero que multiplica por cinco los 41 que se gestionaron en el 2007. Desde aquella época pre-crisis, el número de los procedimientos judiciales abiertos en los tres juzgados de lo Mercantil de Pontevedra ha ido paulatinamente aumentando ejercicio tras ejercicio.
Eso sí, abogados especializados en Derecho Mercantil manifestaron lo sintomático que resulta que en el último año este tipo de procesos haya experimentado solo un ligero repunte con respecto al anterior. Incidieron en que, si bien es cierto que las compañías envueltas en este tipo de causas siguen aumentando, se podría considerar que la situación se está estabilizando, así como se mostraron esperanzados en que el 2012 o el 2013 conlleven un cambio de ciclo a la baja.
En cualquier caso, lo que también refleja la estadística del Poder Judicial es el peso que la industria tiene en cada provincia gallega. De este modo, se aprecia que las áreas donde más se aplica la Ley Concursal son las zonas geográficas tradicionalmente más industrializadas: Pontevedra y A Coruña, siendo, por desgracia, las Rías Baixas la provincia que más procedimientos ha sumado a lo largo de los años.
Y si los concursos supusieron en el 2011 una cifra nunca antes alcanzada, otro tanto se puede decir de las demandas de despido que han tramitado los juzgados de lo Social de Pontevedra. Se trata de otro de los marcadores que el CGPJ emplea para medir el alcance de la crisis y que, en el caso de las Rías Baixas, implicó que en el pasado ejercicio se duplicaran las demandas interpuestas con respecto a las que gestionaron hace un lustro, cuando aún no había estallado la burbuja inmobiliaria.