El plazo dado por los administradores concursales de Clesa para hacer público el futuro de la planta láctea de Saiar se cerró ayer sin noticias concluyentes. Fuentes consultadas por La Voz apuntaron que el informe definitivo está ya firmado y que podría haber sido remitido al titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, quien ahora tendrá que tomar una decisión sobre la factoría en el marco del concurso de acreedores.
Que se concretara por fin el mantenimiento de la fábrica del grupo Nueva Rumasa es lo que esperaban ayer los miembros de la comisión de seguimiento de Clesa que integran políticos y trabajadores. Desde el comité de empresa, su presidenta, Lola Ramos, evitó hacer cualquier valoración hasta la reunión de esta mañana en el Concello de Caldas. En similares términos se expresó el alcalde de la localidad, el socialista Juan Manuel Rey, que apuró los contactos en la tarde de ayer.
Las conversaciones también fueron continuas entre los administradores concursales, la Consellería de Economía e Industria -a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)- y Feiraco. Esos contactos se sucedieron tras el encuentro que las partes mantuvieron en Madrid el pasado 27 de diciembre. Feiraco presentó el 22 de septiembre su primera oferta por Clesa, valorada en 10,2 millones y que después fue mejorada ligeramente.
Poco fue lo que trascendió ayer y en función de las noticias que lleguen hoy desde la capital de España la comisión de seguimiento decidirá si hace efectivas o no las medidas de presión «contundentes» que anunciaron la semana pasada.
Al futuro de la planta de Saiar se suma la situación que vive la plantilla, dividida en dos realidades desde que el 8 de diciembre se hicieron efectivos los despidos en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que aplicaron los administradores. Cuarenta empleados siguen en la planta, mientras que 93 se fueron a la calle.
Además de la reunión de la comisión de seguimiento, fijada para las 13 horas, esta mañana está previsto que los tres miembros del comité de empresa afectados por el ERE acudan a un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), situado en el edificio administrativo de la Xunta. Ramón Gil, María José Estévez y Luciano Souto estarán acompañados por un abogado de UGT. Si la empresa no comparece, denunciarán.