Luisa, la abuela de Rocío, ya era furtiva cuando todavía nadie utilizaba este término. Entonces, en el marisqueo todavía regía el sistema de vedas, pero en su vida no cabían calendarios. A su marido enfermo había que proporcionarle morfina todos los días y, además, había que poner un plato de comida en la mesa. Con tintes más o menos trágicos, la historia era la misma para cientos de mujeres que veían en la playa la única alternativa a las fábricas de conservas a la hora de llevar unos duros a casa. Fueron pasto de injusticias y abusos por parte de aquellos que se enriquecieron comprándoles el marisco a mitad de precio y de autoridades que no siempre actuaron de forma ecuánime.
Afortunadamente, las cosas han cambiado. El marisqueo ya no es una actividad penosa en la que rige la máxima del sálvese quien pueda. Y la proclama «mar libre» es un vestigio del pasado. Esta es una profesión sujeta a unas normas, con derechos y deberes, que constituye un sector clave en las economía de los pueblos costeros. Es por ello que en él no tiene cabida el furtivismo aunque, en un país proclive a la picaresca como este, los ilegales siguen apañándoselas para sacar tajada. Cada vez lo tienen más difícil porque la presión de la vigilancia es mayor. Pero no es suficiente. Todavía hay mucha gente dispuesta a comprar «por fóra» y, en esto, también funciona aquello de la oferta y la demanda.