El supuesto recorte de la partida destinada al Plan Galego de Inclusión 2007-2013 motivó una reciente moción plenaria presentada por Margarita Castejón. Según la concejala socialista, la citada partida era de 1,1 millones de euros y su supresión dejaría sin equipos municipales de inclusión a las siete grandes ciudades gallegas y al consorcio de A Mariña lucense. En el caso de Pontevedra, supondría la pérdida de 138.500 euros que recibe a través de los sucesivos convenios anuales.
Sin embargo, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, aseguró en Pontevedra el pasado mes de noviembre que el compromiso de la Xunta con las personas que están en riesgo de exclusión «é inamovible». Y garantizó que en los presupuestos del 2011 se destinan cerca de 40 millones a medidas de inclusión social, en colaboración con los 315 concellos gallegos, «sin distinguir entre municipios de primeira e segunda». Según la conselleira, lo que pasa es que no se puso nombre y apellidos a ese dinero, como se hacía antes con las grandes ciudades.
Desde que se puso en marcha el plan de inclusión municipal en el año 2002, los servicios sociales atendieron a un total de 1.711 usuarios pontevedreses, logrando un total de 280 inserciones laborales. El 50% de los usuarios son mujeres y la mayoría tienen entre 25 y 44 años.