El Concello de Pontevedra sigue sumando presuntos afectados por el Plan de Ordenación do Litoral (POL) que impulsa la Xunta de Galicia. Si hace poco más de una semana el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, cifraba en 48 el número de naves industriales que pueden verse afectadas por el documento, ayer el edil nacionalista dio el dato de viviendas que pueden quedar fuera de ordenación: nada menos que 867 ya construidas y 558 que están en trámite de hacerlo, es decir, con licencia solicitada o ya concedida. A estas cifras habría que añadir las viviendas incluidas en el «ámbito de recualificación de Lourizán», que pueden ser medio centenar más.
Mosquera señaló que la mayor parte de estas viviendas se encuentran en zonas rurales, aunque matizó que también hay en el casco urbano. Concretamente, citó como afectadas «algunhas casas» en Campañó, «algunhas» en Lérez, «bastantes» en Lourizán -«sen contar as da recualificación»-, «bastantes» en Ponte Sampaio y «algunhas» en Mourente.
70% unifamiliares
En cuanto a la tipología de las viviendas supuestamente afectadas, el concejal calcula que un 70% son viviendas unifamiliares y el resto, pisos. En el caso de edificios, matizó, también quedarían afectados los negocios ubicados en los bajos, que habría que sumar a ese medio centenar de naves dedicadas a actividades productivas también presuntamente afectadas.
En cuanto a las consecuencias que tendría para todos estos inmuebles la aprobación del POL tal y como está, Mosquera recordó que quedarían «como mínimo» fuera de ordenación radical. Esta situación es la misma que cuando hay una afección por Costas o por una carretera: no se puede hacer ninguna obra de mejora, de rehabilitación o de ampliación, y solo estarían permitidas actuaciones de mero mantenimiento en las propiedades afectadas.
La posibilidad de que haya que derribar alguna edificación vendría determinada, una vez aprobado el POL, por la definición de ámbitos de recualificación en su adaptación al PXOM.