El Concello asumirá el dictamen de la Consellería de Presidencia sobre el futuro edificio judicial. En un informe remitido el pasado viernes, Presidencia descarta la posibilidad de aprobar un plan sectorial de incidencia supramunicipal -que era la propuesta del Concello para agilizar la obtención de los terrenos- y sugiere que se opte por la expropiación, la ocupación directa, la permuta forzosa o un convenio.
La teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Teresa Casal, anunció ayer que tendrá «de inmediato» una reunión con sus técnicos para «seguir as recomendacións da Xunta», aunque advirtió que «forzosamente habrá que aprobar, tal e como di o informe, un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que vai a alongar os prazos».
En otro informe solicitado por el PP local, el secretario del pleno calculaba un plazo mínimo de seis meses para aprobar ese PERI, y Casal recordó ayer que los expedientes de expropiación «non poden iniciarse se non hai PERI». No obstante, señaló que intentará contactar con todos los propietarios antes.
Así las cosas, el gobierno local sostiene que la fórmula sugerida por la Xunta supondrá al menos un año de tramitación -seis meses de PERI y seis de expropiaciones, como indicaba también el informe municipal- para disponer de los terrenos, cuando el concejal popular, Ricardo Aguilar, calculaba que en seis o siete meses podría estar aprobado el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. «Más o menos llevaría el mismo tiempo que las expropiaciones», afirmó la semana pasada.
Tanto Casal como el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, subrayaron ayer que tras el rechazo de la Xunta a tramitar el plan supramunicipal se esconde una decisión de no invertir en Pontevedra. Lores afirmó que tiene dudas «de que o PP teña intención de facer o edificio xudicial» y acusó a la Xunta de utilizar «de forma hostil» la vía de la supramunicipalidad, pues sí valió, recordó, para el caso de Ence o del hospital de Monte Carrasco. Lores afirmó que la actitud del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, constituye «un ataque descarnado e virulento a este goberno local». Pese a todo, insistió en que el Concello «intentará poñer os terreos a disposición da Xunta o máis rápidamente posible».
Casal, por su parte, recordó que los quince millones que supuestamente va a invertir la Xunta en el nuevo edificio judicial «non aparecen nos orzamentos», y eso le lleva a afirmar que «o Goberno do PP non ten intención de investir en Pontevedra al menos hasta que pasen as eleccións municipais».
Estrategia
La estrategia del PP sería, según la teniente de alcalde, culpar al Concello de no tramitar la obtención de los terrenos necesarios para construir el nuevo edificio judicial. Con el fin de contrarrestar este posible ataque, Casal se comprometió a dar «información pública de todos os pasos que darei a partir de agora para cumplir o que nos suxire a Xunta no seu informe».