La provincia encabeza a nivel autonómico, la lucha judicial contra la delincuencia medioambiental. Esto es, a grandes rasgos, lo que se infiere de una reciente intervención del fiscal delegado de esta jurisdicción para Galicia, Álvaro García Ortiz, en el Centro Tecnolóxico Aimen. El representante del ministerio público reseñó que, a lo largo del pasado año, la Fiscalía abrió trescientas diligencias informativas en Galicia, que propiciaron 67 sentencias. La mayor parte, un global de 41, se refirieron a episodios e infracciones penales que se habían cometido en Pontevedra, provincia «na que se concentra un número significativo de sentenzas en materia urbanística».
De hecho, prácticamente una de cada tres de estas resoluciones estuvieron, directa o indirectamente, vinculadas a los denominados delitos urbanísticos. En este punto, García Ortiz subrayó el hecho de que de estos catorce fallos judiciales, una decena de los mismos derivaron en condenas en uno u otro sentido.
No obstante, desde el ministerio público se mantiene la idea de, además de en la vertiente punitiva, se debe incidir en la preventiva. En este marco pueden encuadrarse las diligencias informativas que se abrieron en el 2007 por las que se ordenó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que elaborase un estudio detallado del que pudiera extraerse un mapa de riesgo de la incidencia de la problemática derivada de la gestión de purines, que, a su vez, derivó en el Informe sobre la gestión de residuos agropecuarios en Galicia.
Álvaro García reseñó que este documento generó la información necesaria para que otros agentes sociales y políticos, al margen de la Fiscalía del TSXG, tuviesen una base de la que extraer datos y conclusiones para regular este servicio y, al mismo tiempo, aclarar el marco normativo. El fiscal delegado de Medio Ambiente de Galicia subrayó que el ejercicio de la acción popular y la tramitación de la acción civil derivada de una infracción configuran al proceso penal como «un poderoso instrumento de defensa do medio ambiente, que satisface o establecido mesmo nos proxectos de directiva máis desenvolvidos». En relación con este aspecto, García Ortiz resaltó que ya se han dictado siete sentencias en materia medioambiental pura, «un fito que marcará unha tendencia imparable na persecución» de este tipo de delitos e infracciones penales.