En muchas empresas los trabajadores están asumiendo, con sacrificio y responsabilidad, la rebaja de sus salarios para tratar de evitar la pérdida de puestos de trabajo. El Banco de España, ese vigilante que ofrece consejo pero que se quedó sin la llave de la política monetaria, recomienda que se ponga coto a la «inercia» con la que a su juicio se deciden en el sector público las subidas salariales. Nos aumentan los impuestos a todos menos a los que tienen grandes fortunas que refugiar. Y en medio de este gratificante panorama, un alto directivo de un banco se prejubila con una pensión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) al año.
¿Algo que objetar? Pues sí. El dinero es de los accionistas y serían ellos -si no fuera porque la mayoría no tienen voz y solo voto delegado en las juntas generales- los que deberían pedir cuentas a los gestores de la entidad. Pero es que resulta que el banco que paga ese montón de millones para deshacerse de un ejecutivo tiene una amplia cartera de inversiones en industrias de todos los sectores, y no sería extraño que en alguna de ellas se discuta estos días sobre contención salarial, en el mejor de los casos, o sobre expedientes de regulación de empleo. Ese mismo banco quizás esté racaneando el oxígeno que precisa alguna empresa para resistir la embestida de la crisis. O esté denegando hipotecas y financiación a particulares. No es que el asunto de la superpensión del ejecutivo sea una cosa fea; no, es que esos dispendios se vuelven escándalos en tiempos de crisis.
Pero no hay de qué preocuparse. Un conspicuo miembro del Gobierno ya ha dicho que tales indemnizaciones no gustan en el Gabinete de Zapatero y que tal vez requieran un tratamiento fiscal más gravoso. Tal vez les llegue el turno el mismo día que, en lugar del IVA que a todos nos hace iguales, revisen las sicav, esos refugios de millones que tributan al 1%. Pero solo tal vez.