El PP de Caldas solicitó ayer al Ayuntamiento que se dirija urgentemente a la Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra para que se paralicen los trabajos de renovación del padrón de fincas rústicas. Su portavoz municipal, Jesús Goldar, registró una moción que busca detener un proceso que está en marcha desde hace unos meses y que está generando numerosas quejas de vecinos de las parroquias de Carracedo, Bemil, Godos y Saiar.
El malestar ciudadano se basa, según denuncian los populares, en que el protocolo de revisión que ha establecido la Gerencia del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la empresa que ejecuta los trabajos consiste, básicamente, en exponer en los locales de cada parroquia una serie de planos «obsoletos».
En muchos casos, afirma el concejal, esos documentos no reflejan la realidad física de las fincas (ubicación errónea, inexistencia de parcelas, confusión de lugares, alteración de titulares, diferencia de superficies, etcétera) y obligan a las personas, en su mayoría de edad avanzada, a identificar sus parcelas y polígonos por sí mismos.
Los populares de Caldas hacen hincapié en que, de persistir esta situación, existe un «elevadísimo riesgo» de que se concluya esta renovación del padrón de fincas rústicas de un modo «escasamente riguroso» y que arroje resultados que no reflejen la realidad de la titularidad de las fincas.
Planimetría actualizada
Jesús Goldar considera que es imprescindible que se paralicen de inmediato los trabajos y se inicien de nuevo como es debido, poniendo a disposición de los vecinos «tiempo suficiente» y «ayuda humana y técnica adecuada» por parte de la Gerencia del Catastro. En concreto, demanda una planimetría actualizada acompañada de fotografías aéreas y personal técnico que ayude a los ciudadanos.
Si no es así, el edil subraya que se provocarán enormes perjuicios a los vecinos afectados, que no podrán inscribir sus fincas en el Registro de la Propiedad en el momento que las transmitan o las reciban sus herederos al no coincidir sus títulos de propidad con la información que se incorpore a las bases de datos catastrales. En ese hipotético caso, los ciudadanos se verían obligados a costearse un levantamiento topográfico de cada una de sus parcelas mal catastradas y a presentar la oportuna reclamación ante la Gerencia, que tardará en torno a 18 meses en resolverla, según el PP.