Varios propietarios de los pisos de protección oficial de A Tafona, en Caldas, presentaron en los últimos meses en el registro de entrada del Ayuntamiento escritos de reclamación por defectos de construcción en los inmuebles de la primera promoción municipal.
El alcalde de la localidad, el socialista Juan Manuel Rey, no pudo precisar ayer el número de quejas interpuestas. Sí indicó que hace dos semanas mantuvo una reunión con representantes de la empresa constructora Dragados (antes ACS) para buscar una solución satisfactoria. Las denuncias de los adjudicatarios afectan a humedades y a otros fallos constructivos como levantamiento de plaquetas, grietas en paredes o ventanas de corredera que no cierran en unos inmuebles que tienen menos de cinco años.
Según el regidor, los directivos de Dragados se comprometieron a subsanar esos defectos en las viviendas en un plazo máximo de un mes y medio. «Básicamente son cuestiones de humedades y tres o cuatro detalles más», apuntó Rey.
Al parecer, las reclamaciones por este asunto presentadas por particulares, y no a través de la comunidad de propietarios de los edificios, ascienden al menos a una decena. La cuestión se abordó de pasada en el último pleno del Concello, celebrado el 25 de enero, a raíz de una pregunta formulada por el partido Independentes de Caldas (ICDR).
La promoción municipal de A Tafona, formada por ochenta pisos de protección oficial, está trayendo más de un quebradero de cabeza al equipo de gobierno que, a pesar de todo, sigue defendiendo esta actuación urbanística por sus «beneficios sociales».
Expedientes de sanción
A las reclamaciones por fallos constructivos hay que sumar los 42 expedientes abiertos por la Delegación Provincial de la Consellería de Vivenda a otros tantos propietarios por no destinar los pisos a residencia habitual. Las propuestas de sanción tramitadas por el departamento de la Xunta después de varios meses de inspecciones in situ trascendieron el pasado 5 de octubre. Casi cuatro meses después, varios afectados se quejaron de falta de información sobre la situación del proceso administrativo.
No destinar el inmueble a residencia habitual está considerado como una falta muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia, penalizada con sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros. Lo habitual, si no hay agravantes, como por ejemplo no vivir en el piso y tenerlo en alquiler, es que la sanción sea la mínima establecida.
Desde la consellería que dirige la nacionalista Teresa Táboas se guarda un absoluto silencio sobre la situación de los expedientes de sanción. El motivo por el que Vivenda abrió los 42 expedientes no es compartido por algunos de los afectados, que en su día presentaron un escrito de alegaciones en el que justificaban sus reducidos consumos de agua o luz.