La explicación del escaso número de perceptores de la prestación por desempleo en Pontevedra hay que buscarla en el particular sistema de retribuciones de los políticos existente en la provincia, donde apenas si hay dedicaciones totales o parciales.
De una parte, el escaso tamaño y potencial económico de los concellos pontevedreses -solo 9 de los 62 rebasan los 20.000 habitantes y solo dos los 50.000- hace que el número de dedicaciones exclusivas que se puedan ofrecer sea realmente escaso.
Además, los políticos pontevedreses apenas sí se acogen al sistema de dedicaciones parciales. Prefieren, en muchos casos, cobrar indemnizaciones por asistencias a plenos y reuniones antes que adoptar este compromiso.
El resultado es que muchas veces, a decir de un buen conocedor de la Administración local, «se está sin estar», algo que no solo afecta a la gestión, sino también a las prestaciones de desempleo a las que puedan tener derecho cuando cesen en sus cargos, previsiblemente en el 2011.
Muchos de estos políticos que no aceptan una dedicación exclusiva o parcial tienen además muchas veces otra ocupación en el sector público o en el privado, que compatibilizan con sus funciones en los ayuntamientos. Esto hace que, en la práctica, al terminar su mandato, se centren exclusivamente en sus actividades profesionales sin necesidad de percibir el paro.
Un ejemplo de las dificultades para encontrar dirigentes políticos con dedicación exclusiva lo proporcionó el pasado verano la Diputación. Además del presidente, Rafael Louzán, que se fijó un sueldo de 77.988 euros al año, solo cuatro diputados aceptaron la dedicación exclusiva. Quienes optan por cobrar asistencias a plenos, comisiones informativas y reuniones, salen con frecuencia beneficiados. No solo asumen una menor responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, sino que con relativa frecuencia ganan más que los que están oficialmente dedicados todo el día a un concello o a la Diputación.
Sumando sus asistencias con la retribución normal de su trabajo, algunos alcaldes y diputados consiguen llevarse a su casa un sueldo muy cercano a lo que se estima que gana un conselleiro, es decir, unos 70.000 euros por año. En estas condiciones, la prestación por desempleo puede parecer algo secundario para muchos cargos públicos.